Las (viejas) culpas del PRI

Raymundo Riva Palacio
El PRI cayó en la trampa del presidente Felipe Calderón. Durante meses él y su Gobierno mantienen la línea discursiva de que un regreso al PRI es un retroceso para la nación. En el pasado, dice, no se combatía al narcotráfico, sino se toleraba; se negociaba, sugiere, no se le enfrentaba. Si quieren eso, sostiene, votar por el PRI en la próxima elección presidencial es el camino más corto a la regresión. Calderón ha logrado llevar al PRI a su terreno, al imponer sus términos, cuando menos hasta ahora, para 2012: la elección será un plebiscito, pero no sobre el Gobierno en turno —como suele ser—, sino sobre los pasados gobiernos del PRI.

Calderón y su Gobierno hicieron rounds de sombra, pero casi han noqueado al PRI. Para poder integrar el Comité Ejecutivo Nacional priísta, sus líderes hicieron una consulta informal a la PGR sobre si tenían expedientes sobre delincuencia organizada de dos ex gobernadores que quería nombrar el dirigente Humberto Moreira, y cuando les respondieron que por un asunto de fama pública —nunca les dijeron si había o no investigaciones en curso— no era una buena idea, congelaron los nombramientos. Desde el propio PRI empezaron las declaraciones que el Gobierno quería vincularlos con el narcotráfico, con lo cual fortalecieron el discurso presidencial y entraron a su juego.

La detención del político y empresario Jorge Hank Rhon en Tijuana, es otra muestra de lo nerviosos que se encuentran en el PRI. A Hank Rhon lo detuvieron junto con 10 personas porque en su casa encontraron un arsenal que incluía 88 armas —unas 25 de ellas prohibidas por la ley y de uso reglamentario del Ejército—, más de 9 mil cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas tóxico. Moreira declaró a bote pronto que era una “cacería de brujas”, y políticos que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto alimentaron el imaginario colectivo al vincular el arresto con el narcotráfico y defender el arsenal con un propósito de “autodefensa”.

La detención de Hank Rhon golpeó al PRI por debajo de la línea de flotación. Es hijo del profesor Carlos Hank González, uno de los hombres más poderosos que haya producido el Grupo Atlacomulco, al cual también pertenece el puntero en las elecciones presidenciales, Peña Nieto. También es muy cercano al ex gobernador Arturo Montiel, quien perdió la candidatura presidencial hace seis años por presunto enriquecimiento inexplicable; y su familia está emparentada con el dueño de Banorte, Roberto González Barrera, el banquero más cercano al PRI.

Es decir, la detención de Hank Rhon fue enlazada directamente con el Estado de México y contextualizada en las elecciones presidenciales. En varias tribunas se habló de la profecía autorrealizable —tanto hablaban que habría un golpe contra un priísta relacionado al narcotráfico, que se cumplió—, o que fue un arresto muy conveniente, en términos electorales. Desde el sábado se llegó a decir que fue una trampa, y el propio Moreira sugirió que le habían “plantado” las armas.

Pero el operativo que llevó a la detención no parece ser un ejercicio de ciencia espacial. Tres de sus empleados portaban sus armas en lugares públicos y alguien —la denuncia ciudadana no es inusual en Tijuana— lo reportó al Ejército. Los detenidos dieron la dirección donde habían sacado las armas, que resultó la casa de Hank Rhon. Su vocero, Francisco Ramírez, dijo que todas las armas estaban registradas —ni él, ni la esposa del político-empresario negaron que fueran suyas—, aunque nadie explica el porqué de las armas prohibidas.

La Sedena informó a la prensa sobre el tipo de armas que había encontrado, incluidas las de alto poder y de uso reglamentario del Ejército. La ley es precisa. El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que se pueden tener pistolas de funcionamiento automático de calibre no superior a los .380 mm, con excepción de pistolas .38 súper y .38 comando. Asimismo se permiten revólveres en calibres no superiores al .38 especial, con la excepción del calibre .357, que corresponde a la mortífera Magnum.

En la casa de Hank Rhon se halló, sin embargo, otro tipo de armas. Había un número indeterminado de AK-47, los famosos “cuernos de chivo” que se compran relativamente fácil en EU; y R-15, un arma reglamentaria del Ejército, que no se puede comprar en Estados Unidos —las Fuerzas Armadas de ese país no lo utilizan—, y que normalmente es comprada en el mercado negro mexicano.

Si se elimina el ruido y se ven los hechos, el arresto de Hank Rhon y otras 10 personas tiene sustento legal. Si se encuentra al priísta presunto responsable, entrará el proceso en otro nivel de litigio. Moreira, después de su declaración intempestiva, dijo que esperarían a tener más información. Pero fue demasiado tarde para la histeria en el PRI.

Plantear que el arresto de Hank Rhon busca alterar el desarrollo de las elecciones presidenciales, es desconocer por completo cómo funciona la opinión pública y el electorado, que olvida pronto cuando los hechos son aislados. De igual manera, si no produce el caso evidencias sólidas de corrupción e ilegalidad con el Estado de México, no afectará salvo quizás marginalmente, el comportamiento del electorado.

Quien estableció inmediatamente la conexión entre el PRI mexiquense y la delincuencia organizada no fue el Gobierno, sino el PRI. Nadie más. Desde el sábado dijeron que con esto comenzaba la “guerra sucia”. El caso de Hank Rhon no tiene esquinas oscuras. Es por posesión de armas ilegales y la tenencia de un mayor número de las armas permitidas por persona. Al PRI se le asoman tanto las culpas, que hasta parece sospechoso.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

YA BAJENLE

¿Sabía usted que en este contexto de crisis económica, los partidos recibirán 3 mil 12 millones de pesos el año próximo? ¿Sabía usted que con esa suma se podrían incorporar 500 mil familias más al programa Oportunidades? ¿Sabía usted que esa cantidad es casi el doble de los recursos destinados para la reconstrucción de la red de carreteras federales? ¿Sabía usted que es poco menos del presupuesto total para todas las actividades culturales? ¿Sabía usted que es casi el doble de los recursos destinados a sistemas, exámenes y proyectos para la prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Sabía usted que es 1.5 veces el presupuesto total para 230 millones de libros de texto para 25 millones de estudiantes? La numeralia de lo que cuestan y gastan los partidos revela un sistema político que, en aras de promover la equidad, ha producido una democracia de alto costo y bajo rendimiento. Una democracia que gasta 224 pesos por voto cuando un país como Brasil sólo gasta 4. Una democracia con partidos blindados ante los costos de la crisis, blindados ante los despidos de personal, blindados ante los planes de austeridad y los recortes presupuestales. Partidos a los cuales se les ha garantizado una bolsa enorme de dinero público que sólo crece con el paso del tiempo, porque su financiamiento está vinculado al padrón y no al desempeño. Hoy, en México, la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdad de oportunidades para abusar.Quizás por eso, como lo revela una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4 por ciento de la población confía en los partidos y sólo 10 por ciento piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población ve a partidos ricos, partidos que se niegan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que en lugar de demostrar sensibilidad ante el imperativo de la crisis, proponen ajustes en el cinturón de los otros. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas. Otorgándose —una y otra vez— salarios altos, fiestas fastuosas, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves partidistas en las mejores playas.Cada día sale a la luz otro exceso de un sistema partidista que cuesta mucho y rinde poco. Allí está el despilfarro institucionalizado, el derroche legalizado. Ejemplo tras ejemplo del privilegio de mandar. Evidencia tras evidencia del privilegio más delicioso que es gastar el dinero ajeno. Ese dinero que pertenece a los habitantes de México y que es entregado con fines fiduciarios a través de los impuestos. Ese dinero que podría contribuir a tapar el boquete fiscal, pero acaba pagando los privilegios de los partidos. Ese dinero que no les pertenece pero es usado como si fuera suyo. Y los partidos se actúan así porque pueden, porque las reglas han sido creadas para permitir y perpetuar este tipo de comportamiento.Hoy, el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público dispendioso a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó —como resultado de la reforma electoral de 1996— para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. El subsidio público a los partidos entonces resolvió algunos dilemas, pero ahora ha creado otros y muy graves.Las reformas diseñadas produjeron partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barrerras de entrada ante quienes —como los candidatos ciudadanos— intentan democratizarlo. Y el problema es que la solución al desfiguro del sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la república está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino el despilfarro de recursos públicos y la ausencia de mecanismos fundamentales de representación y rendición de cuentas.Por ello hoy muchas organizaciones y ciudadanos insistimos – como llevamos años haciéndolo-- en la reducción del financiamiento público a los partidos en 50 por ciento y la revisión de la fórmula conforme a la cual los partidos reciben recursos públicos, para que se calcule no con base en el padrón electoral sino con base en la participación de los ciudadanos en las elecciones. De esa manera, los partidos recibirían recursos en proporción al tamaño del voto que fueran capaces de obtener. Así, la propuesta contemplada contribuiría a mejorar sus métodos de reclutamiento, a mejorar sus propuestas de campaña, a hacerlos corresponsables de la calidad de la democracia mexicana.Estos son cambios urgentes. Estos son cambios imprescindibles ante un andamiaje institucional que ya no es capaz de asegurar la credibilidad o la equidad o la confianza. Encuesta tras encuesta lo subraya: 50 por ciento de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos “no son necesarios” para el bien del país; 77 por ciento piensa que las elecciones “cuestan demasiado” y son “poco o nada útiles para informar a la ciudadanía”. Los ciudadanos contemplan y padecen elecciones competitivas pero demasiado caras. Partidos bien financiados pero poco representativos. Contiendas equitativas pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas multimillonarias. Un sistema para compartir el poder que beneficia más a los partidos que a los ciudadanos. Una democracia costosa para el país y onerosa para los contribuyentes que la financian.Y ese seguirá siendo el caso hasta que los ciudadanos demanden —como lo estamos haciendo ahora— recortar el presupuesto para los partidos; hasta que los ciudadanos insistan que si los partidos quieren tener la credibilidad suficiente para apretar el cinturón de los otros, necesitan comenzar con el suyo; hasta que los ciudadanos clamen “ya bájenle” y se sumen a la convocatoria en www.yabajenle.org.mx. Hasta que los ciudadanos acoten el privilegio de mandar.