En cuanto a las razones por las que los mexicanos no confiaban en Estados Unidos, la letanía era bastante predecible. México había sufrido ataques propagandísticos de ciertos segmentos de la prensa, de grupos que defendían sus intereses comerciales, e incluso de compañías cinematográficas. La falta de un conocimiento real de cada nación por parte de la otra había sido "la causa de conceptos erróneos".
Estados Unidos generalmente no había respetado la independencia de los países latinoamericanos. La constante interferencia diplomática de Estados Unidos en los asuntos internos de México había dado como resultado la conversión de "los representantes de los Estados Unidos en abogados particulares de sus compatriotas".
La invasión de Veracruz, la expedición punitiva y otras incursiones a México de los militares estadounidenses se mencionaban sin que merecieran comentario alguno. Otro asunto era la constante mención en la prensa estadounidense de la "Doctrina del Destino manifiesto (sic)".
Un punto especialmente delicado era la exclusión de los representantes mexicanos de las conferencias, incluyendo las recientes reuniones de la Pan American Union y de otras organizaciones internacionales, especialmente su prohibición en la Liga de Naciones. De nuevo, la objeción era que Estados Unidos estaba controlando (e impidiendo) el acceso de México a la comunidad internacional, incluso al resto de América Latina, y por lo tanto estaba afectando su soberanía.
Finalmente, en el número 12 se abordaba el asunto del arbitraje y se recordaba que este método de resolver las disputas diplomáticas había sido utilizado durante mucho tiempo por Estados Unidos. Me parece que la indicación aquí es que cualquier asunto no resuelto puede ser referido al arbitraje internacional.
El "memo" mencionaba que apenas desde 1908, cuando un tratado entre Estados Unidos y el entonces presidente Porfirio Díaz había establecido en su primer artículo que las diferencias que surgieran entre las dos naciones, ya fueran de naturaleza jurídica o respecto a la interpretación de tratados ya existentes, serían referidas a la Corte Internacional de Arbitraje en La Haya. Este artículo iba de acuerdo con el artículo 21 del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Cinco artículos iban dirigidos más específicamente a los temas de naturaleza económica o implicaban posibles resoluciones respecto a acuerdos financieros potenciales. El número 4 se refería a la deuda pública, era muy breve e indicaba que este tema había sido acordado en negociaciones entre el secretario de Finanzas Adolfo de la Huerta y el banquero estadounidense Thomas Lamont.
El número 5 era también relativamente breve, trataba de la Corte de Reclamaciones que arreglaría las disputas entre México y Estados Unidos surgidas a partir de daños ocasionados a las propiedades estadounidenses por la violencia. Sugería que se podría elaborar algún tipo de procedimiento e indicaba la esperanza de que la comisión se reuniera en México, donde sería más fácil verificar tales reclamaciones.
El caso cubano se mencionaba como particularmente problemático, ya que el Tribunal de Quejas que había surgido a partir de la guerra hispano-americana-cubana se había topado con dificultades porque no estaba físicamente en la isla. Otra advertencia más indicaba que las reclamaciones deberían ser investigadas cuidadosamente, ya que quienes sufrían pérdidas tendían a acrecentar su valor. La Convención de 1868 se mencionaba aquí como un mal ejemplo, ya que las reclamaciones fueron más de cien veces superiores al valor real de la compensación que se había recomendado finalmente.
El número 9 tenía que ver con las propiedades incautadas; este memorandum indicaba que durante la revolución se habían tomado muy pocas propiedades estadounidenses, y cuando así había ocurrido se habían regresado. Si durante estas discusiones surgieran casos legítimos, el gobierno mexicano estaría dispuesto a regresar las propiedades en tanto la petición fuera presentada ante la corte apropiada.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 5
Un segundo punto enfatizaba que "muchos países han reconocido al Gobierno Mexicano, sin las exigencias de un tratado", lo que hacía parecer "extraña" la actitud de Estados Unidos. Aún más, muchos otros gobiernos que habían adoptado principios constitucionales y legislaciones más radicales habían establecido relaciones con Estados Unidos, inclusive el ex presidente Venustiano Carranza, en cuya administración ya estaba establecida la Constitución de 1917.
Por lo general, de acuerdo con el memorandum mexicano, Estados Unidos por principio había reconocido a los gobiernos establecidos, incluso cuando tal reconocimiento sólo fuera de facto. Por lo que se refiere a un tratado anterior al reconocimiento, los negociadores tuvieron que recordar que el propio Estados Unidos se había negado a negociar con los chinos antes de intercambiar secretarios en 1891 cuando ese gobierno insistió en revocar las Leyes de Exclusión chinas de 1888 antes del intercambio.
Quedaba implícito que, al igual que Estados Unidos había objetado las condiciones precedentes al reconocimiento mutuo, México adoptaba la misma postura por igual razón: que tal arreglo sería "incongruente e inadmisible".
El verdadero núcleo de las objeciones venía casi al final del "memo": al darse garantías especiales para los ciudadanos de Estados Unidos se requeriría lo mismo para otros extranjeros y se "podría establecer un régimen privilegiado (sic) a favor de los extranjeros".
Por lo tanto, México tendría entonces que preocuparse por "una agrupación completamente independiente de la sociedad en que viven". En todo el documento queda claro que les interesaba el hecho de que Estados Unidos estuviera tratando de ejercer su poder para declarar el mismo tipo de protectorado informal sobre México que el que ejercía sobre Cuba, y que ese estatus o cualquier cosa que se le pareciera sería rechazado enérgicamente.
El segundo de estos "memos" políticos, relativo a la política estadounidense respecto a la protección de los extranjeros en México, también estaba enmarcado en torno al asunto de la soberanía. Reiteraba la Doctrina Calvo, que establecía que los ciudadanos extranjeros que estuvieran en México debían someterse a las leyes de la nación mexicana.
Presentaba una vigorosa oposición a las constantes demandas del gobierno estadounidense en cuanto al establecimiento de instancias legales (cortes) especiales para manejar las solicitudes de indemnización de los ciudadanos estadounidenses sin antes agotar los recursos legales existentes.
Después la discusión pasaba específicamente a las cuestiones de la tierra. A pesar de que en Estados Unidos siempre se había reconocido que las ventas de tierras se regían por las leyes del gobierno que tuviera jurisdicción sobre el territorio en cuestión, los estadounidenses se quejaban constantemente de que "se ha privado a sus conciudadanos de sus propiedades, sin el debido procedimiento de ley, sin indemnización y sin respeto al derecho de propiedad". Este problema incluso se había dado en sus tratos en torno a tierras de los territorios conquistados de Nuevo México y California, donde habían insistido en la mediación de comisiones especiales, más que de cortes comunes. Continuaba enfatizando que en el pasado el gobierno estadounidense había abrogado los derechos de propiedad sin compensación alguna en varios casos, entre ellos en los de la abolición y prohibición de la esclavitud. En una nota un tanto ominosa agregaba que aunque el gobierno de Estados Unidos siempre había insistido en la inviolabilidad de los contratos sancionados por el gobierno mexicano, el gobierno mexicano actual no podía aceptar tal posición, ya que respecto a algunos contratos bien pudiera existir una "causa de nulidad absolutamente legítima".
La "Nota sobre el cambio de actitud de los Estados Unidos" mostraba un conocimiento interesante de la política de ese país. El escritor de la nota admitía que sus conclusiones eran tentativas, de ahí que sugiriera varias posibilidades. En primer término, especulaba, la administración de Harding había gozado de un periodo de paz y quizá deseara sostenerlo hasta finalizar su gestión. Aún más, los republicanos estaban preocupados por que se les echara en cara su incapacidad para resolver el asunto mexicano. Otro factor puede haber sido que los cambios que se estaban dando en el sistema mexicano eran relativamente modestos, aunque "os capitalistas de los Estados Unidos" no querían ningún cambio.
Otros países latinoamericanos también empezaban a objetar los intentos de la administración estadounidense de establecer una suerte de "veto" sobre sus acciones y gobiernos. Estas preocupaciones habían conducido a un cierto "ambiente de impopularidad" en las recientes reuniones hemisféricas celebradas en Santiago de Chile. Sin embargo quien escribió el "memo" omitió un factor importante: que hubiera salido del gobierno de EU el desacreditado Albert Fall, el mejor amigo de los grandes intereses petroleros, quien había insistido siempre en que se deberían respetar los derechos adquiridos en México.
Hacia el final de los memoranda se ofrecían dos explicaciones acerca de la desconfianza que los mexicanos sentían por Estados Unidos y las presiones que según su parecer pesaban sobre ellos. El número 10 mencionaba las razones de la falta de confianza mexicana respecto a Estados Unidos; el 11 era un fuerte argumento que diferenciaba al gobierno mexicano del bolchevismo de la Unión Soviética.
Se había vuelto común en Estados Unidos que los conservadores acusaran al gobierno mexicano de ser una amenaza bolchevique cerca de casa; sobre este punto los representantes mexicanos aseguraron que el bolchevismo era un sistema particular que no se había implantado en México; que en México la política agraria era de "subdivisión y no nacionalización"; que la industria rusa había sido nacionalizada, algo que no había ocurrido en México; que la Constitución mexicana contenía muchos conceptos, empezando por los Derechos del Hombre, que enfatizaban el "carácter individualista de las instituciones", lo que difería totalmente de un sistema comunista; que el sistema soviético había establecido un gobierno de una sola clase, donde los miembros de esa clase eran los únicos votantes, mientras que entre los mexicanos no había ocurrido nada semejante; que el comercio no se había limitado y de ninguna manera estaba bajo el control del Estado; que México conservaba su libertad de prensa; que en México no había sindicatos de trabajadores que interfirieran en el manejo de las fábricas; que México no tenía consejos ni parlamentos económicos, como se habían establecido en Rusia y, con un tono casi conmovedor: "Nosotros tenemos un sistema electoral y de gobierno calcado de los Estados Unidos, y la Rusia ha abolido por completo todo sistema de gobierno congresional para substituirlo por el sistema de representación (sic) de los soviéticos".
Por lo general, de acuerdo con el memorandum mexicano, Estados Unidos por principio había reconocido a los gobiernos establecidos, incluso cuando tal reconocimiento sólo fuera de facto. Por lo que se refiere a un tratado anterior al reconocimiento, los negociadores tuvieron que recordar que el propio Estados Unidos se había negado a negociar con los chinos antes de intercambiar secretarios en 1891 cuando ese gobierno insistió en revocar las Leyes de Exclusión chinas de 1888 antes del intercambio.
Quedaba implícito que, al igual que Estados Unidos había objetado las condiciones precedentes al reconocimiento mutuo, México adoptaba la misma postura por igual razón: que tal arreglo sería "incongruente e inadmisible".
El verdadero núcleo de las objeciones venía casi al final del "memo": al darse garantías especiales para los ciudadanos de Estados Unidos se requeriría lo mismo para otros extranjeros y se "podría establecer un régimen privilegiado (sic) a favor de los extranjeros".
Por lo tanto, México tendría entonces que preocuparse por "una agrupación completamente independiente de la sociedad en que viven". En todo el documento queda claro que les interesaba el hecho de que Estados Unidos estuviera tratando de ejercer su poder para declarar el mismo tipo de protectorado informal sobre México que el que ejercía sobre Cuba, y que ese estatus o cualquier cosa que se le pareciera sería rechazado enérgicamente.
El segundo de estos "memos" políticos, relativo a la política estadounidense respecto a la protección de los extranjeros en México, también estaba enmarcado en torno al asunto de la soberanía. Reiteraba la Doctrina Calvo, que establecía que los ciudadanos extranjeros que estuvieran en México debían someterse a las leyes de la nación mexicana.
Presentaba una vigorosa oposición a las constantes demandas del gobierno estadounidense en cuanto al establecimiento de instancias legales (cortes) especiales para manejar las solicitudes de indemnización de los ciudadanos estadounidenses sin antes agotar los recursos legales existentes.
Después la discusión pasaba específicamente a las cuestiones de la tierra. A pesar de que en Estados Unidos siempre se había reconocido que las ventas de tierras se regían por las leyes del gobierno que tuviera jurisdicción sobre el territorio en cuestión, los estadounidenses se quejaban constantemente de que "se ha privado a sus conciudadanos de sus propiedades, sin el debido procedimiento de ley, sin indemnización y sin respeto al derecho de propiedad". Este problema incluso se había dado en sus tratos en torno a tierras de los territorios conquistados de Nuevo México y California, donde habían insistido en la mediación de comisiones especiales, más que de cortes comunes. Continuaba enfatizando que en el pasado el gobierno estadounidense había abrogado los derechos de propiedad sin compensación alguna en varios casos, entre ellos en los de la abolición y prohibición de la esclavitud. En una nota un tanto ominosa agregaba que aunque el gobierno de Estados Unidos siempre había insistido en la inviolabilidad de los contratos sancionados por el gobierno mexicano, el gobierno mexicano actual no podía aceptar tal posición, ya que respecto a algunos contratos bien pudiera existir una "causa de nulidad absolutamente legítima".
La "Nota sobre el cambio de actitud de los Estados Unidos" mostraba un conocimiento interesante de la política de ese país. El escritor de la nota admitía que sus conclusiones eran tentativas, de ahí que sugiriera varias posibilidades. En primer término, especulaba, la administración de Harding había gozado de un periodo de paz y quizá deseara sostenerlo hasta finalizar su gestión. Aún más, los republicanos estaban preocupados por que se les echara en cara su incapacidad para resolver el asunto mexicano. Otro factor puede haber sido que los cambios que se estaban dando en el sistema mexicano eran relativamente modestos, aunque "os capitalistas de los Estados Unidos" no querían ningún cambio.
Otros países latinoamericanos también empezaban a objetar los intentos de la administración estadounidense de establecer una suerte de "veto" sobre sus acciones y gobiernos. Estas preocupaciones habían conducido a un cierto "ambiente de impopularidad" en las recientes reuniones hemisféricas celebradas en Santiago de Chile. Sin embargo quien escribió el "memo" omitió un factor importante: que hubiera salido del gobierno de EU el desacreditado Albert Fall, el mejor amigo de los grandes intereses petroleros, quien había insistido siempre en que se deberían respetar los derechos adquiridos en México.
Hacia el final de los memoranda se ofrecían dos explicaciones acerca de la desconfianza que los mexicanos sentían por Estados Unidos y las presiones que según su parecer pesaban sobre ellos. El número 10 mencionaba las razones de la falta de confianza mexicana respecto a Estados Unidos; el 11 era un fuerte argumento que diferenciaba al gobierno mexicano del bolchevismo de la Unión Soviética.
Se había vuelto común en Estados Unidos que los conservadores acusaran al gobierno mexicano de ser una amenaza bolchevique cerca de casa; sobre este punto los representantes mexicanos aseguraron que el bolchevismo era un sistema particular que no se había implantado en México; que en México la política agraria era de "subdivisión y no nacionalización"; que la industria rusa había sido nacionalizada, algo que no había ocurrido en México; que la Constitución mexicana contenía muchos conceptos, empezando por los Derechos del Hombre, que enfatizaban el "carácter individualista de las instituciones", lo que difería totalmente de un sistema comunista; que el sistema soviético había establecido un gobierno de una sola clase, donde los miembros de esa clase eran los únicos votantes, mientras que entre los mexicanos no había ocurrido nada semejante; que el comercio no se había limitado y de ninguna manera estaba bajo el control del Estado; que México conservaba su libertad de prensa; que en México no había sindicatos de trabajadores que interfirieran en el manejo de las fábricas; que México no tenía consejos ni parlamentos económicos, como se habían establecido en Rusia y, con un tono casi conmovedor: "Nosotros tenemos un sistema electoral y de gobierno calcado de los Estados Unidos, y la Rusia ha abolido por completo todo sistema de gobierno congresional para substituirlo por el sistema de representación (sic) de los soviéticos".
México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 4
mientras que por la parte mexicana estaban Ramón Ross, viejo amigo del presidente Obregón, y Fernando González Roa, quien estaba familiarizado con la situación del petróleo gracias a los impor tantes puestos que había ocupado en el gabinete del gobierno mexicano y a que era abogado de la Pierce Oil Company.
La víspera de estas negociaciones Pani envió una serie de memoranda a los comisionados mexicanos.12 Estos memoranda son un importante registro de las perspectivas mexicanas de los asuntos políticos y económicos existentes entre los dos países en ese momento. Los temas más importantes entre los gobiernos cuando los dos presidentes llegaron a sus respectivos cargos eran: cómo se aplicaría el artículo 27 de la Constitución mexicana, las denuncias estadounidenses por daños ocasionados por la violencia de la revolución mexicana, y el pago de la deuda externa.
En el momento de las conversaciones de Bucareli sólo el artículo 27 seguía siendo un tema de importancia que afectaba a la reforma agraria y al estatus de las propiedades petroleras estadounidenses en México.
Los documentos empezaban con una larga discusión y revisión de las negociaciones entre los gobiernos a partir del acceso al poder del presidente Obregón en diciembre de 1920 y de Harding en marzo de 1921. Lo más importante es que destacaban que la actitud hacia México de la administración de Wilson había cambiado significativamente y que el reconocimiento no sería inmediato. La política de Harding se enfatizaba en letras mayúsculas:
ABSTENERSE DE RECONOCER AL ACTUAL
GOBIERNO MEXICANO Y DE REANUDAR
CON ÉL SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
REGULARES, MIENTRAS NO CUENTE CON
LAS GARANTÍAS QUE, EN SU CONCEPTO,
SON NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS LEGALMENTE
POR LOS CIUDADANOS AMERICANOS EN
MÉXICO, ANTES DE LA VIGENCIA DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1917.
Esta confirmación tendría que venir, de acuerdo con los estadounidenses, en un tratado de amistad y comercio. Tal reconocimiento condicional resultó totalmente inaceptable para Obregón y sus secretarios; pensaban que implicaba la aceptación de un estatus de protectorado no oficial similar al impuesto a Cuba después de la guerra hispano-americana-cubana. Resultaba revelador el título del documento: "Controversia sostenida entre los gobiernos de México y Estados Unidos, con motivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas".
En cuatro anexos se incluían las propuestas específicas que habían intercambiado los gobiernos en 1921. A los mexicanos les parecía que ahora, en 1923, la postura de Estados Unidos se empezaba a suavizar; quizá finalmente se superaría la insistencia en un tratado previo.
Para fines del presente texto, los documentos más importantes eran los 12 memoranda adjuntos, enfocados principalmente en las posturas adoptadas por los negociadores y los puntos a discusión que tendrían que plantear. Estos puntos no concordaban necesariamente entre sí, pero queda claro que se adaptarían a las actitudes y posturas negociadoras de los representantes estadounidenses.
En contraposición a la cuidadosa y muy formal discusión y copias de los borradores de los documentos, estos memoranda parecen haber sido preparados con prisa, tienen errores tipográficos y el lenguaje empleado es mucho menos formal que el del resto del documento. Fueron escritos en por lo menos dos máquinas de escribir y, a mi juicio, reflejan tres estilos de redacción diferentes.
Pienso que es probable que los más importantes hayan sido preparados por Pani previa consulta con el presidente mexicano, quien había tenido bastante experiencia en el trato con los negociadores estadounidenses respecto a la Expedición Punitiva de Pershing a México en 1916. Otros son muy breves y probablemente hayan sido escritos por un tercero para que Pani y Obregón los autorizaran.
Seis de ellos abordan actitudes y procedimientos políticos, otros cinco se enfocan en problemas económicos, y uno, relativamente breve, en la cuestión religiosa. Sin embargo los puntos políticos y de negociación están mezclados en los 12, y algunas cuestiones aparecen repetidamente. Hay varios asuntos principales. En términos políticos, el respeto de la soberanía mexicana (en especial el respeto de la dignidad de la administración de Obregón) es el valor fundamental enfatizado continuamente.
Los asuntos económicos son los dos relacionados directamente con el artículo 27: la cuestión agraria y los derechos del subsuelo. Para el gobierno mexicano la reforma agraria es prioritaria y los derechos del subsuelo son secundarios. Me queda claro, con base en estos documentos, que el interés principal del gobierno respecto a los acuerdos sobre el subsuelo era mantener los campos petroleros funcionando y produciendo ingresos, y los funcionarios mexicanos estaban conscientes de que pisaban sobre terreno sumamente delicado.
Los ingresos por concepto de petróleo los ayudarían a llevar a cabo sus diversos programas, entre ellos la tan importante reforma agraria, el principal beneficio que el gobierno tenía que distribuir para mantener una base popular que conservara su poder. La soberanía, los derechos del subsuelo y la reforma agraria eran los temas recurrentes en estos documentos.
Los documentos políticos y de procedimientos (numerados en el orden en el que aparecen en el archivo) son:
1. "Relativo al reconocimiento bajo condición de un tratado"; 2. "La política Americana sobre protección de los extranjeros"; 5. "El cambio de actitud de los Estados Unidos"; 11. "El Bolchevismo en México"; y 12. "La política de los Estados Unidos en material de arbitraje". El primero de ellos, referente a la petición que había hecho anteriormente el gobierno de Estados Unidos de un tratado de condiciones precedentes al reconocimiento, exigía a los negociadores "señalarse fuertes objeciones a este procedimiento", y enseguida se indicaban tales objeciones. Éstas incluían la insistencia en que el reconocimiento fuera "simplemente la aceptación de un hecho que ya existe", y las razones que seguramente argüían no eran suficientes para convencer a los estadounidenses.
La víspera de estas negociaciones Pani envió una serie de memoranda a los comisionados mexicanos.12 Estos memoranda son un importante registro de las perspectivas mexicanas de los asuntos políticos y económicos existentes entre los dos países en ese momento. Los temas más importantes entre los gobiernos cuando los dos presidentes llegaron a sus respectivos cargos eran: cómo se aplicaría el artículo 27 de la Constitución mexicana, las denuncias estadounidenses por daños ocasionados por la violencia de la revolución mexicana, y el pago de la deuda externa.
En el momento de las conversaciones de Bucareli sólo el artículo 27 seguía siendo un tema de importancia que afectaba a la reforma agraria y al estatus de las propiedades petroleras estadounidenses en México.
Los documentos empezaban con una larga discusión y revisión de las negociaciones entre los gobiernos a partir del acceso al poder del presidente Obregón en diciembre de 1920 y de Harding en marzo de 1921. Lo más importante es que destacaban que la actitud hacia México de la administración de Wilson había cambiado significativamente y que el reconocimiento no sería inmediato. La política de Harding se enfatizaba en letras mayúsculas:
ABSTENERSE DE RECONOCER AL ACTUAL
GOBIERNO MEXICANO Y DE REANUDAR
CON ÉL SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
REGULARES, MIENTRAS NO CUENTE CON
LAS GARANTÍAS QUE, EN SU CONCEPTO,
SON NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS LEGALMENTE
POR LOS CIUDADANOS AMERICANOS EN
MÉXICO, ANTES DE LA VIGENCIA DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1917.
Esta confirmación tendría que venir, de acuerdo con los estadounidenses, en un tratado de amistad y comercio. Tal reconocimiento condicional resultó totalmente inaceptable para Obregón y sus secretarios; pensaban que implicaba la aceptación de un estatus de protectorado no oficial similar al impuesto a Cuba después de la guerra hispano-americana-cubana. Resultaba revelador el título del documento: "Controversia sostenida entre los gobiernos de México y Estados Unidos, con motivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas".
En cuatro anexos se incluían las propuestas específicas que habían intercambiado los gobiernos en 1921. A los mexicanos les parecía que ahora, en 1923, la postura de Estados Unidos se empezaba a suavizar; quizá finalmente se superaría la insistencia en un tratado previo.
Para fines del presente texto, los documentos más importantes eran los 12 memoranda adjuntos, enfocados principalmente en las posturas adoptadas por los negociadores y los puntos a discusión que tendrían que plantear. Estos puntos no concordaban necesariamente entre sí, pero queda claro que se adaptarían a las actitudes y posturas negociadoras de los representantes estadounidenses.
En contraposición a la cuidadosa y muy formal discusión y copias de los borradores de los documentos, estos memoranda parecen haber sido preparados con prisa, tienen errores tipográficos y el lenguaje empleado es mucho menos formal que el del resto del documento. Fueron escritos en por lo menos dos máquinas de escribir y, a mi juicio, reflejan tres estilos de redacción diferentes.
Pienso que es probable que los más importantes hayan sido preparados por Pani previa consulta con el presidente mexicano, quien había tenido bastante experiencia en el trato con los negociadores estadounidenses respecto a la Expedición Punitiva de Pershing a México en 1916. Otros son muy breves y probablemente hayan sido escritos por un tercero para que Pani y Obregón los autorizaran.
Seis de ellos abordan actitudes y procedimientos políticos, otros cinco se enfocan en problemas económicos, y uno, relativamente breve, en la cuestión religiosa. Sin embargo los puntos políticos y de negociación están mezclados en los 12, y algunas cuestiones aparecen repetidamente. Hay varios asuntos principales. En términos políticos, el respeto de la soberanía mexicana (en especial el respeto de la dignidad de la administración de Obregón) es el valor fundamental enfatizado continuamente.
Los asuntos económicos son los dos relacionados directamente con el artículo 27: la cuestión agraria y los derechos del subsuelo. Para el gobierno mexicano la reforma agraria es prioritaria y los derechos del subsuelo son secundarios. Me queda claro, con base en estos documentos, que el interés principal del gobierno respecto a los acuerdos sobre el subsuelo era mantener los campos petroleros funcionando y produciendo ingresos, y los funcionarios mexicanos estaban conscientes de que pisaban sobre terreno sumamente delicado.
Los ingresos por concepto de petróleo los ayudarían a llevar a cabo sus diversos programas, entre ellos la tan importante reforma agraria, el principal beneficio que el gobierno tenía que distribuir para mantener una base popular que conservara su poder. La soberanía, los derechos del subsuelo y la reforma agraria eran los temas recurrentes en estos documentos.
Los documentos políticos y de procedimientos (numerados en el orden en el que aparecen en el archivo) son:
1. "Relativo al reconocimiento bajo condición de un tratado"; 2. "La política Americana sobre protección de los extranjeros"; 5. "El cambio de actitud de los Estados Unidos"; 11. "El Bolchevismo en México"; y 12. "La política de los Estados Unidos en material de arbitraje". El primero de ellos, referente a la petición que había hecho anteriormente el gobierno de Estados Unidos de un tratado de condiciones precedentes al reconocimiento, exigía a los negociadores "señalarse fuertes objeciones a este procedimiento", y enseguida se indicaban tales objeciones. Éstas incluían la insistencia en que el reconocimiento fuera "simplemente la aceptación de un hecho que ya existe", y las razones que seguramente argüían no eran suficientes para convencer a los estadounidenses.
México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 3
Una inversión de tal envergadura habría resultado atractiva para el gobierno mexicano, pero era poco probable que un proyecto así funcionara, pues las compañías petroleras ya estaban empezando a buscar campos promisorios en países donde fuera posible concertar arreglos políticos más favorables.
Doheny se encontró con Obregón al día siguiente, aparentemente dispuesto a instituir las prácticas más eficientes y a dar los pasos necesarios hacia la conservación que el presidente mexicano esperaba. De inmediato acordaron llevar a cabo reuniones entre el comité de cinco personas, Obregón y Huerta. Aunque éstas se empezaron a realizar a finales de mes dieron pocos frutos nuevos.
Ambos lados tenían algo qué perder, pero al mismo tiempo se necesitaban entre sí. Sólo cambiando las circunstancias durante los siguientes meses se llegaría a una resolución en cuanto a la controversia de Juan Felipe. El gobierno de Obregón no tenía otra cosa de que echar mano en cuanto a recursos que el petróleo; las compañías de Doheny enfrentaban problemas, ya que gran parte de su capacidad productiva estaba ubicada en México y en la prensa se hablaba constantemente de los problemas ocasionados por la caída de los precios, la penetración de las aguas saladas y la sobreproducción.
De haber llegado estas noticias a Estados Unidos se habrían visto afectados los precios de las acciones de Huasteca y Mexican Petroleum Company. Doheny también enfrentaba la imposibilidad de cumplir contratos cuando la producción iba decayendo. Mientras tanto el secretario del interior, Albert Fall, estaba en problemas políticos ocasionados por los esfuerzos hechos en nombre de Doheny y Harry Sinclair para ayudarlos a superar sus dificultades inmediatas.
En el mes de abril de 1921 había obtenido el control de las reservas marítimas petroleras de Elk Hills, California y Teapot Dome, Wyoming. Desde marzo de 1922 sólo había dado una concesión de perforación en esas tierras, y ésta había sido otorgada a Doheny.
Precisamente al mismo tiempo en que el acceso a Juan Felipe parecía estar en peligro, Fall transfirió a Doheny y Sinclair contratos de arrendamiento bastante promisorios en esas reservas. Tres días después de la primera reunión de Obregón con Doheny sobre el asunto de Juan Felipe, Fall anunció que se otorgarían más contratos en las reservas navales.
Cuando la notificación llegó al Senado de Estados Unidos, el 21 de abril de 1922, estaba claro que Doheny era el principal beneficiario de las decisiones de Fall para California. Una semana después el Senado estadounidense inició una investigación que condujo a levantar cargos de corrupción contra Fall y terminó con su salida del gabinete del presidente Harding a principios de 1923 y, más adelante, con una acusación formal en su contra.9
Sin embargo en México la controversia de Juan Felipe estaba temporalmente eclipsada por las negociaciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, De la Huerta, con los banqueros extranjeros en Nueva York.
El gobierno de Obregón esperaba lograr un préstamo nuevo. Cuando De la Huerta regresó a la ciudad de México con las manos vacías, y además con un acuerdo que le podía costar bastante caro respecto a la renegociación de los pagos de la deuda mexicana, la situación para Obregón cambió. Mientras que Doheny declaraba que pretendía invertir en una refinería que daría miles de empleos a trabajadores mexicanos, en la ciudad de México empezó a circular el rumor de que se le había otorgado a la compañía Huasteca una concesión para perforar varios pozos a cambio de un depósito de tres millones de pesos, y que parte de esta suma se retendría para indemnizar a otras personas que reclamaban esos campos.10
Obregón, ante el desastre financiero, se había visto forzado a optar por el mejor postor. Sin embargo los problemas con Juan Felipe condujeron a una situación violenta en los campos, la cual no se resolvió sino hasta la firma los Tratados de Bucareli, que analizaremos más adelante.
Parece que en ese momento De la Huerta se acercó a Doheny para pedirle un préstamo de 12.5 millones de dólares. La cantidad final fue de 12 millones pesos mexicanos, una parte de los cuales se destinó a negociar una disputa de impuestos en el estado de Veracruz y la otra se le entregó a la Tesorería Mexicana como un prepago de impuestos.11
Las negociaciones de Bucareli tuvieron una importancia toral en el arreglo de las disputas entre México y Estados Unidos y condujeron al reconocimiento del gobierno de Obregón por la administración de Harding. Se iniciaron el 14 de mayo de 1923 y duraron varias semanas.
La administración de Obregón buscaba acuerdos que llevaran al reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos, pero por entonces los diseñadores de la política estadounidense estaban interesados en dar un respiro a las diferencias con México antes de que ellos llegaran a las elecciones presidenciales. Para los mexicanos la opinión estadounidense, junto con el apoyo político y económico, era un tema prioritario, pero para los negociadores estadounidenses México era más bien una molestia.
La política mexicana había sido motivo de discusión dentro de Estados Unidos desde que se inició el periodo de Obregón en 1920. Como México no era una prioridad para los diseñadores de la política, el senador y después secretario Fall, ese gran amigo de Doheny y Sinclair, había logrado ejercer una enorme influencia sobre Harding. El presidente estadounidense había supuesto durante mucho tiempo que su antiguo compañero del Senado —se sentaban juntos debido a la proximidad alfabética de sus apellidos— tenía un conocimiento especial del país del sur.
Para el momento de las negociaciones los escándalos de Teapot Dome y Elk Hills habían forzado la salida de Fall del gabinete; ahora era el secretario de estado Charles Evans Hughes quien se encontraba a cargo de la política mexicana y estaba deseoso de regularizar las relaciones de los dos países.
Varios factores llevaron a Hughes a tratar de resolver estos asuntos. Los intereses de la frontera, especialmente los tejanos, presionaban a favor del reconocimiento con el fin de mejorar el movimiento de las relaciones económicas; las pequeñas compañías y los operadores petroleros presionaban para establecer relaciones más normales que los ayudaran a entrar en el juego; e incluso la prensa estadounidense, especialmente William Randolph Hearst, que parecía haber hecho algún tipo de acuerdo especial con Obregón acerca de sus propias acciones, estaba empezando a ofrecer publicidad favorable a la administración mexicana
La mitad de los gobiernos estatales estadounidenses había presentado resoluciones que pedían el reconocimiento mexicano, y los banqueros –incluso Thomas J. Lamont, quien había sido clave para las negociaciones de la deuda externa– habían comenzado una sutil campaña para influir sobre el secretario Evans Huges. Lamont, por supuesto, se daba cuenta de que el gobierno de Obregón no podría cumplir con las obligaciones de su deuda a menos que hubiese un acuerdo por medio del cual los mexicanos recibieran pagos de las compañías petroleras.
El mismo Harding, un funcionario bastante fácil de convencer, nunca se había mostrado tan especialmente adverso a la administración mexicana. Apenas se vislumbró que accedería a concertar pláticas no oficiales, el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Pani, respondió de inmediato.
Charles Beecher Waren, ex embajador en Japón, y John Barton Payne, quien había sido secretario de asuntos internos y encabezaba la Junta de Embarque durante la Primera Guerra Mundial, fueron elegidos representantes de Estados Unidos,
Doheny se encontró con Obregón al día siguiente, aparentemente dispuesto a instituir las prácticas más eficientes y a dar los pasos necesarios hacia la conservación que el presidente mexicano esperaba. De inmediato acordaron llevar a cabo reuniones entre el comité de cinco personas, Obregón y Huerta. Aunque éstas se empezaron a realizar a finales de mes dieron pocos frutos nuevos.
Ambos lados tenían algo qué perder, pero al mismo tiempo se necesitaban entre sí. Sólo cambiando las circunstancias durante los siguientes meses se llegaría a una resolución en cuanto a la controversia de Juan Felipe. El gobierno de Obregón no tenía otra cosa de que echar mano en cuanto a recursos que el petróleo; las compañías de Doheny enfrentaban problemas, ya que gran parte de su capacidad productiva estaba ubicada en México y en la prensa se hablaba constantemente de los problemas ocasionados por la caída de los precios, la penetración de las aguas saladas y la sobreproducción.
De haber llegado estas noticias a Estados Unidos se habrían visto afectados los precios de las acciones de Huasteca y Mexican Petroleum Company. Doheny también enfrentaba la imposibilidad de cumplir contratos cuando la producción iba decayendo. Mientras tanto el secretario del interior, Albert Fall, estaba en problemas políticos ocasionados por los esfuerzos hechos en nombre de Doheny y Harry Sinclair para ayudarlos a superar sus dificultades inmediatas.
En el mes de abril de 1921 había obtenido el control de las reservas marítimas petroleras de Elk Hills, California y Teapot Dome, Wyoming. Desde marzo de 1922 sólo había dado una concesión de perforación en esas tierras, y ésta había sido otorgada a Doheny.
Precisamente al mismo tiempo en que el acceso a Juan Felipe parecía estar en peligro, Fall transfirió a Doheny y Sinclair contratos de arrendamiento bastante promisorios en esas reservas. Tres días después de la primera reunión de Obregón con Doheny sobre el asunto de Juan Felipe, Fall anunció que se otorgarían más contratos en las reservas navales.
Cuando la notificación llegó al Senado de Estados Unidos, el 21 de abril de 1922, estaba claro que Doheny era el principal beneficiario de las decisiones de Fall para California. Una semana después el Senado estadounidense inició una investigación que condujo a levantar cargos de corrupción contra Fall y terminó con su salida del gabinete del presidente Harding a principios de 1923 y, más adelante, con una acusación formal en su contra.9
Sin embargo en México la controversia de Juan Felipe estaba temporalmente eclipsada por las negociaciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, De la Huerta, con los banqueros extranjeros en Nueva York.
El gobierno de Obregón esperaba lograr un préstamo nuevo. Cuando De la Huerta regresó a la ciudad de México con las manos vacías, y además con un acuerdo que le podía costar bastante caro respecto a la renegociación de los pagos de la deuda mexicana, la situación para Obregón cambió. Mientras que Doheny declaraba que pretendía invertir en una refinería que daría miles de empleos a trabajadores mexicanos, en la ciudad de México empezó a circular el rumor de que se le había otorgado a la compañía Huasteca una concesión para perforar varios pozos a cambio de un depósito de tres millones de pesos, y que parte de esta suma se retendría para indemnizar a otras personas que reclamaban esos campos.10
Obregón, ante el desastre financiero, se había visto forzado a optar por el mejor postor. Sin embargo los problemas con Juan Felipe condujeron a una situación violenta en los campos, la cual no se resolvió sino hasta la firma los Tratados de Bucareli, que analizaremos más adelante.
Parece que en ese momento De la Huerta se acercó a Doheny para pedirle un préstamo de 12.5 millones de dólares. La cantidad final fue de 12 millones pesos mexicanos, una parte de los cuales se destinó a negociar una disputa de impuestos en el estado de Veracruz y la otra se le entregó a la Tesorería Mexicana como un prepago de impuestos.11
Las negociaciones de Bucareli tuvieron una importancia toral en el arreglo de las disputas entre México y Estados Unidos y condujeron al reconocimiento del gobierno de Obregón por la administración de Harding. Se iniciaron el 14 de mayo de 1923 y duraron varias semanas.
La administración de Obregón buscaba acuerdos que llevaran al reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos, pero por entonces los diseñadores de la política estadounidense estaban interesados en dar un respiro a las diferencias con México antes de que ellos llegaran a las elecciones presidenciales. Para los mexicanos la opinión estadounidense, junto con el apoyo político y económico, era un tema prioritario, pero para los negociadores estadounidenses México era más bien una molestia.
La política mexicana había sido motivo de discusión dentro de Estados Unidos desde que se inició el periodo de Obregón en 1920. Como México no era una prioridad para los diseñadores de la política, el senador y después secretario Fall, ese gran amigo de Doheny y Sinclair, había logrado ejercer una enorme influencia sobre Harding. El presidente estadounidense había supuesto durante mucho tiempo que su antiguo compañero del Senado —se sentaban juntos debido a la proximidad alfabética de sus apellidos— tenía un conocimiento especial del país del sur.
Para el momento de las negociaciones los escándalos de Teapot Dome y Elk Hills habían forzado la salida de Fall del gabinete; ahora era el secretario de estado Charles Evans Hughes quien se encontraba a cargo de la política mexicana y estaba deseoso de regularizar las relaciones de los dos países.
Varios factores llevaron a Hughes a tratar de resolver estos asuntos. Los intereses de la frontera, especialmente los tejanos, presionaban a favor del reconocimiento con el fin de mejorar el movimiento de las relaciones económicas; las pequeñas compañías y los operadores petroleros presionaban para establecer relaciones más normales que los ayudaran a entrar en el juego; e incluso la prensa estadounidense, especialmente William Randolph Hearst, que parecía haber hecho algún tipo de acuerdo especial con Obregón acerca de sus propias acciones, estaba empezando a ofrecer publicidad favorable a la administración mexicana
La mitad de los gobiernos estatales estadounidenses había presentado resoluciones que pedían el reconocimiento mexicano, y los banqueros –incluso Thomas J. Lamont, quien había sido clave para las negociaciones de la deuda externa– habían comenzado una sutil campaña para influir sobre el secretario Evans Huges. Lamont, por supuesto, se daba cuenta de que el gobierno de Obregón no podría cumplir con las obligaciones de su deuda a menos que hubiese un acuerdo por medio del cual los mexicanos recibieran pagos de las compañías petroleras.
El mismo Harding, un funcionario bastante fácil de convencer, nunca se había mostrado tan especialmente adverso a la administración mexicana. Apenas se vislumbró que accedería a concertar pláticas no oficiales, el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Pani, respondió de inmediato.
Charles Beecher Waren, ex embajador en Japón, y John Barton Payne, quien había sido secretario de asuntos internos y encabezaba la Junta de Embarque durante la Primera Guerra Mundial, fueron elegidos representantes de Estados Unidos,
México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 2
Cuando Carranza fue derrocado en 1920 y llegó al poder el presidente interino Adolfo de la Huerta, Estados Unidos se reservó su reconocimiento porque los mexicanos se negaron a firmar un acuerdo previo sobre los asuntos de interés para los dos países. De la Huerta empeoró la situación al confirmar los derechos de su gobierno al subsuelo de las “zonas federales”, los terrenos de las costas de los ríos, de los lagos y otras zonas acuíferas.
Al reclamar la propiedad inalienable de estas tierras, el gobierno mexicano comenzó a otorgar permisos de perforación a extranjeros ajenos a quienes reclamaban los derechos de las tierras en cuestión, ya que no había interesados mexicanos que contaran con el capital necesario para participar.
Cuando Obregón llegó a la Presidencia, en enero de 1921, anunció de inmediato que los permisos de perforación se otorgarían sólo a aquellos individuos y compañías que hubiesen cumplido con la exigencia de Carranza en cuanto a la solicitud de concesiones gubernamentales. Los petroleros de inmediato entendieron que Obregón sería tan radical sobre el tema como lo fue Carranza, a pesar de que públicamente declaraba lo contrario.3
Pronto se inició la lucha. En mayo y junio de 1921 Obregón decretó el establecimiento de dos impuestos, el primero sobre el valor agregado a la producción de 10% sobre los precios estadounidenses (no sobre el precio de la materia prima), y el segundo un gravamen sobre la exportación. El segundo era tanto un documento político como un decreto sobre el impuesto, ya que Obregón enfatizaba la importancia del petróleo mexicano en el mercado, los problemas ambientales que ocasionaba su explotación, algunos temas de conservación, y la relación entre el petróleo y el desarrollo mexicano e internacional.4
Como represalia, el 1º de julio de 1921 la mayoría de los miembros de la poderosa agrupación estadounidense Asociación de Productores de Petróleo en México (APPM) suspendió los envíos de petróleo, como protesta ante los nuevos impuestos "confiscatorios". 5 Sin embargo a las compañías les fue imposible conservar un frente unido, y ni siquiera lo lograron algunas pertenecientes a la APPM. Antes de siete semanas, frente a la posibilidad de no poder cumplir sus contratos de largo plazo, los petroleros reunieron en una delegación a los presidentes de las cinco compañías más importantes.
Este grupo negociador, compuesto por Walter Teagle, de Standard Oil de New Jersey; Edward L. Doheny, de Mexican Petroleum; J.W. Van Dyke, de Atlantic Refining; Harry Sinclair, de Sinclair Consolidated Oil; y Amos Beaty, de Texas Company, se trasladó a México para reunirse con Obregón y con su entonces secretario de finanzas, De la Huerta.
A ambas partes les interesaba llegar a un acuerdo y lo lograron bastante rápido: el impuesto a la producción continuaría, pero sólo sobre los campos futuros. La cuestión de las rentas y regalías sobre las propiedades no se resolvió, ya que De la Huerta insistió en que era asunto de la Corte. El cambio principal fue en el impuesto a la exportación, que se pagaría con el canje que haría el gobierno mexicano de los bonos pendientes a valor nominal, aunque su costo en ese momento era sólo de 40 a 50% de la cantidad original.
De esta manera los impuestos reales se reducirían 50% o más.6 El asunto de la retroactividad fue dejado para una fecha posterior. Las compañías dieron instrucciones a sus directivos de reanudar operaciones e iniciar los pagos del impuesto a la producción. Los problemas respecto al impuesto de exportación persistieron, dado que el acuerdo era menos satisfactorio para los banqueros extranjeros que para los petroleros, sin embargo se logró evitar una crisis. Los conflictos entre banqueros y petroleros continuaron debido a que tenían prioridades diferentes y, finalmente, resultaron benéficos para los mexicanos. El acuerdo de los bonos nunca se puso en marcha.
Las tensiones entre los productores de petróleo y el gobierno de Obregón también persistieron. Una disputa ilustra de manera especial la lucha continua entre la administración de Obregón y las grandes compañías petroleras, entre ellas la Doheny’s Mexican Petroleum. La Hacienda de Juan Felipe, una parcela de 7 500 hectáreas ubicada en el estado de Veracruz en la llamada Faja de Oro, era uno de los últimos campos sin explotar de esta región altamente productiva.
La competencia era intensa, ya que se hallaba junto al campo de Cerro Azul que había producido grandes cantidades de crudo de alto grado para Mexican Petroleum y su subsidiaria Huasteca. Por entonces muchos campos productores mexicanos cercanos al golfo estaban empezando a dañarse por la invasión de aguas saladas. Juan Felipe estaba bastante lejos de la costa y se pensaba que era menos vulnerable. Para complicar más la cuestión, estaba en un estado conocido como condueñazgo, una suerte de copropiedad de diversas partes.
La situación legal era confusa y por lo tanto la disposición de los derechos de perforación yacía en el terreno de lo político. La disputa correspondiente cayó directamente en manos de la administración de Obregón, ansiosa de encontrar apoyo para presionar a las compañías grandes. Doheny creyó que tenía un acuerdo que aseguraba el derecho exclusivo de Huasteca para perforar en esa propiedad, sin embargo muchas otras compañías estaban también interesadas en obtener tales derechos, incluyendo a algunas más pequeñas y a dos de las cinco grandes.
El mismo Obregón parecía estar a favor de la asignación de por lo menos una parte de los derechos a Joseph Guffey, director de Atlantic Gulf y West Indies Company, que se había mostrado mucho más tolerante de las leyes mexicanas que Doheny y Huasteca. Guffey había compartido sus ideas sobre la conservación con Obregón, para quien el tema era una prioridad debido al ya enorme daño de los campos de la costa del Golfo. Guffey y AGWI estaban tratando de obtener la autorización para perforar en un terreno situado dentro de Juan Felipe, supuestamente propiedad de un tal Francisco V. Cárdenas.
Cuando Guffey empezó a tener problemas con la burocracia mexicana, a finales de marzo de 1922, Obregón intervino en el caso y rápidamente se decidió permitirle que procediera con la perforación.7
De inmediato Doheny se trasladó a México acompañado por un grupo de abogados y funcionarios de sus compañías petroleras. En una entrevista que concedió el 2 de abril de 1922 al periódico mexicano Excélsior destacó el importante papel que él había desempeñado para llegar a un acuerdo sobre los impuestos de exportación unos meses antes, e indicó que la cantidad total que habían pagado sus compañías en un periodo de seis meses llegaba a 12 millones de pesos mexicanos.
También declaró que pensaba formar, junto con otras compañías petroleras mexicanas que operaban en México, un fideicomiso que gastaría millones de dólares en la exploración de las propiedades de las costas del Golfo que aún no estaban produciendo.
Al reclamar la propiedad inalienable de estas tierras, el gobierno mexicano comenzó a otorgar permisos de perforación a extranjeros ajenos a quienes reclamaban los derechos de las tierras en cuestión, ya que no había interesados mexicanos que contaran con el capital necesario para participar.
Cuando Obregón llegó a la Presidencia, en enero de 1921, anunció de inmediato que los permisos de perforación se otorgarían sólo a aquellos individuos y compañías que hubiesen cumplido con la exigencia de Carranza en cuanto a la solicitud de concesiones gubernamentales. Los petroleros de inmediato entendieron que Obregón sería tan radical sobre el tema como lo fue Carranza, a pesar de que públicamente declaraba lo contrario.3
Pronto se inició la lucha. En mayo y junio de 1921 Obregón decretó el establecimiento de dos impuestos, el primero sobre el valor agregado a la producción de 10% sobre los precios estadounidenses (no sobre el precio de la materia prima), y el segundo un gravamen sobre la exportación. El segundo era tanto un documento político como un decreto sobre el impuesto, ya que Obregón enfatizaba la importancia del petróleo mexicano en el mercado, los problemas ambientales que ocasionaba su explotación, algunos temas de conservación, y la relación entre el petróleo y el desarrollo mexicano e internacional.4
Como represalia, el 1º de julio de 1921 la mayoría de los miembros de la poderosa agrupación estadounidense Asociación de Productores de Petróleo en México (APPM) suspendió los envíos de petróleo, como protesta ante los nuevos impuestos "confiscatorios". 5 Sin embargo a las compañías les fue imposible conservar un frente unido, y ni siquiera lo lograron algunas pertenecientes a la APPM. Antes de siete semanas, frente a la posibilidad de no poder cumplir sus contratos de largo plazo, los petroleros reunieron en una delegación a los presidentes de las cinco compañías más importantes.
Este grupo negociador, compuesto por Walter Teagle, de Standard Oil de New Jersey; Edward L. Doheny, de Mexican Petroleum; J.W. Van Dyke, de Atlantic Refining; Harry Sinclair, de Sinclair Consolidated Oil; y Amos Beaty, de Texas Company, se trasladó a México para reunirse con Obregón y con su entonces secretario de finanzas, De la Huerta.
A ambas partes les interesaba llegar a un acuerdo y lo lograron bastante rápido: el impuesto a la producción continuaría, pero sólo sobre los campos futuros. La cuestión de las rentas y regalías sobre las propiedades no se resolvió, ya que De la Huerta insistió en que era asunto de la Corte. El cambio principal fue en el impuesto a la exportación, que se pagaría con el canje que haría el gobierno mexicano de los bonos pendientes a valor nominal, aunque su costo en ese momento era sólo de 40 a 50% de la cantidad original.
De esta manera los impuestos reales se reducirían 50% o más.6 El asunto de la retroactividad fue dejado para una fecha posterior. Las compañías dieron instrucciones a sus directivos de reanudar operaciones e iniciar los pagos del impuesto a la producción. Los problemas respecto al impuesto de exportación persistieron, dado que el acuerdo era menos satisfactorio para los banqueros extranjeros que para los petroleros, sin embargo se logró evitar una crisis. Los conflictos entre banqueros y petroleros continuaron debido a que tenían prioridades diferentes y, finalmente, resultaron benéficos para los mexicanos. El acuerdo de los bonos nunca se puso en marcha.
Las tensiones entre los productores de petróleo y el gobierno de Obregón también persistieron. Una disputa ilustra de manera especial la lucha continua entre la administración de Obregón y las grandes compañías petroleras, entre ellas la Doheny’s Mexican Petroleum. La Hacienda de Juan Felipe, una parcela de 7 500 hectáreas ubicada en el estado de Veracruz en la llamada Faja de Oro, era uno de los últimos campos sin explotar de esta región altamente productiva.
La competencia era intensa, ya que se hallaba junto al campo de Cerro Azul que había producido grandes cantidades de crudo de alto grado para Mexican Petroleum y su subsidiaria Huasteca. Por entonces muchos campos productores mexicanos cercanos al golfo estaban empezando a dañarse por la invasión de aguas saladas. Juan Felipe estaba bastante lejos de la costa y se pensaba que era menos vulnerable. Para complicar más la cuestión, estaba en un estado conocido como condueñazgo, una suerte de copropiedad de diversas partes.
La situación legal era confusa y por lo tanto la disposición de los derechos de perforación yacía en el terreno de lo político. La disputa correspondiente cayó directamente en manos de la administración de Obregón, ansiosa de encontrar apoyo para presionar a las compañías grandes. Doheny creyó que tenía un acuerdo que aseguraba el derecho exclusivo de Huasteca para perforar en esa propiedad, sin embargo muchas otras compañías estaban también interesadas en obtener tales derechos, incluyendo a algunas más pequeñas y a dos de las cinco grandes.
El mismo Obregón parecía estar a favor de la asignación de por lo menos una parte de los derechos a Joseph Guffey, director de Atlantic Gulf y West Indies Company, que se había mostrado mucho más tolerante de las leyes mexicanas que Doheny y Huasteca. Guffey había compartido sus ideas sobre la conservación con Obregón, para quien el tema era una prioridad debido al ya enorme daño de los campos de la costa del Golfo. Guffey y AGWI estaban tratando de obtener la autorización para perforar en un terreno situado dentro de Juan Felipe, supuestamente propiedad de un tal Francisco V. Cárdenas.
Cuando Guffey empezó a tener problemas con la burocracia mexicana, a finales de marzo de 1922, Obregón intervino en el caso y rápidamente se decidió permitirle que procediera con la perforación.7
De inmediato Doheny se trasladó a México acompañado por un grupo de abogados y funcionarios de sus compañías petroleras. En una entrevista que concedió el 2 de abril de 1922 al periódico mexicano Excélsior destacó el importante papel que él había desempeñado para llegar a un acuerdo sobre los impuestos de exportación unos meses antes, e indicó que la cantidad total que habían pagado sus compañías en un periodo de seis meses llegaba a 12 millones de pesos mexicanos.
También declaró que pensaba formar, junto con otras compañías petroleras mexicanas que operaban en México, un fideicomiso que gastaría millones de dólares en la exploración de las propiedades de las costas del Golfo que aún no estaban produciendo.
México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 1
Con base en una detallada descripción documental, Hall nos acerca a las intrincadas negociaciones por medio de las cuales Álvaro Obregón logró el reconocimiento y el apoyo oficial por parte de Estados Unidos, y explica el papel que tuvieron en ellas los banqueros y petroleros norteamericanos.
Una revisión de los tratados de Bucareli
Mientras México salía de la etapa más violenta de la Revolución con la promulgación de la Constitución de 1917 y Venustiano Carranza iniciaba su gestión presidencial, Estados Unidos seguía involucrado en la Primera Guerra Mundial. No obstante, la misma guerra había colocado a ese país en un sitio importante dentro del mundo en términos económicos, políticos y militares. El petróleo se convertía por entonces en el combustible fundamental para la obtención de energía tanto con fines industriales como militares, y México tenía petróleo en abundancia.
El artículo 27 de la Constitución de 1917 parecía una amenaza contra Estados Unidos y contra otros dueños extranjeros de ese recurso y, por otra parte, restringía el incremento de la explotación extranjera de los depósitos petroleros mexicanos. Estos recursos eran la única fuente potencial importante de ingresos para el gobierno, dada la devastación de la economía mexicana, de ahí que conservar su control fuera una prioridad para los dos presidentes mexicanos que asumieron su cargo inmediatamente después de la Revolución: Carranza y su sucesor, Álvaro Obregón.
Los petroleros estadounidenses rápidamente empezaron a ejercer presión sobre México por medio de sus gobiernos y con negociaciones directas. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos de 1912 a 1920, se negaba a participar y desconfiaba profundamente de las causas que movían a los inversionistas estadounidenses; cuando Warren Harding llegó a la presidencia se inclinó a dejar la política mexicana en manos de otros, y especialmente quedó durante un tiempo en las del senador de Nuevo México, Albert Fall. El propio Fall estaba interesado en el asunto del petróleo y por ello de inmediato se involucró y ejerció influencia en nombre de sus socios, quienes pretendían lograr que se modificara el insultante artículo 27.
Este artículo, que conservaba los derechos del subsuelo en manos del Estado, podía interferir con el control de las propiedades y arrendamientos estadounidenses del subsuelo si se le daba un carácter retroactivo. Es más, los intereses petroleros estadounidenses deseaban evitar hasta donde fuera posible el pago de impuestos y regalías.
Carranza incrementó especialmente la preocupación de Estados Unidos al hacer cambios drásticos en los impuestos a la industria y al sostener que las concesiones deberían ser confirmadas por el gobierno nacional mexicano, incluso en los campos en donde ya se estuvieran llevando a cabo labores de perforación.
Algunos miembros de su administración, principalmente su yerno, Cándido Aguilar, trataron de convencerlo de que suavizara su decisión, pero incluso al final de su mandato él seguía insistiendo en que los inversionistas extranjeros que operaran en territorio mexicano debían renunciar al derecho de que su país (Estados Unidos) interviniera diplomáticamente en su nombre; su argumento era que la aceptación oficial de la Doctrina Monroe en la Conferencia de Paz de Versalles violaba flagrantemente la soberanía de México.1 Mientras tanto algunos políticos estadounidenses, especialmente Enrique Cabot Lodge, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, luchaban contra la oposición de Wilson a imponer con violencia los derechos de ese país. Lodge escribió a un partidario de esta tendencia que EU debería hacer un “arreglo cubano con México” en el que interviniera para instalar allí un gobierno que pudiera controlar.
Una revisión de los tratados de Bucareli
Mientras México salía de la etapa más violenta de la Revolución con la promulgación de la Constitución de 1917 y Venustiano Carranza iniciaba su gestión presidencial, Estados Unidos seguía involucrado en la Primera Guerra Mundial. No obstante, la misma guerra había colocado a ese país en un sitio importante dentro del mundo en términos económicos, políticos y militares. El petróleo se convertía por entonces en el combustible fundamental para la obtención de energía tanto con fines industriales como militares, y México tenía petróleo en abundancia.
El artículo 27 de la Constitución de 1917 parecía una amenaza contra Estados Unidos y contra otros dueños extranjeros de ese recurso y, por otra parte, restringía el incremento de la explotación extranjera de los depósitos petroleros mexicanos. Estos recursos eran la única fuente potencial importante de ingresos para el gobierno, dada la devastación de la economía mexicana, de ahí que conservar su control fuera una prioridad para los dos presidentes mexicanos que asumieron su cargo inmediatamente después de la Revolución: Carranza y su sucesor, Álvaro Obregón.
Los petroleros estadounidenses rápidamente empezaron a ejercer presión sobre México por medio de sus gobiernos y con negociaciones directas. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos de 1912 a 1920, se negaba a participar y desconfiaba profundamente de las causas que movían a los inversionistas estadounidenses; cuando Warren Harding llegó a la presidencia se inclinó a dejar la política mexicana en manos de otros, y especialmente quedó durante un tiempo en las del senador de Nuevo México, Albert Fall. El propio Fall estaba interesado en el asunto del petróleo y por ello de inmediato se involucró y ejerció influencia en nombre de sus socios, quienes pretendían lograr que se modificara el insultante artículo 27.
Este artículo, que conservaba los derechos del subsuelo en manos del Estado, podía interferir con el control de las propiedades y arrendamientos estadounidenses del subsuelo si se le daba un carácter retroactivo. Es más, los intereses petroleros estadounidenses deseaban evitar hasta donde fuera posible el pago de impuestos y regalías.
Carranza incrementó especialmente la preocupación de Estados Unidos al hacer cambios drásticos en los impuestos a la industria y al sostener que las concesiones deberían ser confirmadas por el gobierno nacional mexicano, incluso en los campos en donde ya se estuvieran llevando a cabo labores de perforación.
Algunos miembros de su administración, principalmente su yerno, Cándido Aguilar, trataron de convencerlo de que suavizara su decisión, pero incluso al final de su mandato él seguía insistiendo en que los inversionistas extranjeros que operaran en territorio mexicano debían renunciar al derecho de que su país (Estados Unidos) interviniera diplomáticamente en su nombre; su argumento era que la aceptación oficial de la Doctrina Monroe en la Conferencia de Paz de Versalles violaba flagrantemente la soberanía de México.1 Mientras tanto algunos políticos estadounidenses, especialmente Enrique Cabot Lodge, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, luchaban contra la oposición de Wilson a imponer con violencia los derechos de ese país. Lodge escribió a un partidario de esta tendencia que EU debería hacer un “arreglo cubano con México” en el que interviniera para instalar allí un gobierno que pudiera controlar.
GENERALES "CON SOBRADO ESPÍRITU MILITAR" 5
Mucho se ha especulado sobre la decisión de Huerta y Blanquet de mantener acuartelados en Guaymas a cerca de 4 000 efectivos, mayormente cuando el puerto carecía de importancia política y económica. Pero eso no fue todo, se calcula que en el puerto de Mazatlán los efectivos del ejército federal también eran numerosos. Ascendían a 1 575 elementos, bloqueados asimismo por las tropas rebeldes comandadas por Juan Carrasco y Ángel Flores. En síntesis: unos 5 249 elementos de la División del Yaqui estaban cercados en dos puertos de otras tantas entidades, sin desempeñar actividad bélica y en el parasitismo total.
Reflexiones
Con golpe de Estado de por medio, en febrero de 1913 Victoriano Huerta, Manuel Mondragón y Aurelio Blanquet entraron en escena para restaurar el orden y aplastar la revolución constitucionalista. Pero jamás se percataron de que muchos de los altos mandos militares eran viejos, cobardes, inútiles y miedosos, por lo que como dijo Francisco Bulnes, ningún temor inspiraban a las chusmas. A escasas semanas de iniciado el régimen dieron pruebas fehacientes de que no estaban dispuestos a dar la vida por él.
Ante el empuje de simples aficionados a las armas, profesores de escuela, rancheros, bandoleros, y resentidos sociales, los expertos en la ciencia militar se espantaron y huyeron. Para los militares respetuosos de la ordenanza militar, que seguramente los hubo, el desencanto fue absoluto. Dentro de este contexto por demás contradictorio resultaba difícil convencer a la tropa de que debía combatir hasta la muerte, cuando varios de sus jefes corrían aterrorizados.
Sorprende que Huerta no aplicara un correctivo drástico, que no los hubiera fusilado. Fue sumamente comprensivo con Higinio Aguilar, Pedro Ojeda, Ramos y Enrique Rivero. Con Escudero y Munguía cambió de parecer, pero ya era demasiado tarde. El abandonar la plaza y huir se había convertido en una costumbre. Los sometió a juicio militar, pero sorpresivamente fueron absueltos.
A ninguno se le pasó por las armas. Ante semejante benevolencia, otros militares siguieron sus pasos. Como se ha visto, el caso más escandaloso tuvo lugar en los primeros días de 1914, cuando Salvador R. Mercado, jefe de la División del Norte, se espantó ante los amagos de Francisco Villa y sin pudor alguno cruzó la frontera de Estados Unidos.
Pero no lo hizo solo: se llevó toda la división a su mando. Pasados dos años Salvador R. Mercado escribió un libro en el cual se inconformó por el hecho de que lo etiquetaran de cobarde y vulgar evacuador de plazas, y advirtió que si querían encontrar uno realmente ejemplar, éste era Victoriano Huerta, evacuador de la plaza de la ciudad de México, la principal del país.75 Su juicio, a todas luces cínico, encerraba una gran verdad. En julio de 1914 Huerta no debió salir del país, sino esperar la llegada de los constitucionalistas a las goteras de la capital de la República y morir con las armas en la mano.
Naturalmente que no todos los generales resultaron cobardes. A partir del mes de marzo de 1914 hubo varios que se portaron con valentía y se jugaron la vida por el régimen hasta morir. Por ejemplo, en la segunda quincena de marzo Luis G. Cartón y Paciano Benítez defendieron con coraje la plaza de Chilpancingo hasta que cayeron vencidos y fueron asesinados por los zapatistas. A principios de abril del mismo año Ignacio Morelos
Zaragoza hizo frente a las insolencias del contralmirante Henry T. Mayo en el puerto de Tampico. De manera enérgica rechazó sus exigencias de desagraviar la bandera de EU en la playa con sus respectivos cañonazos.
En forma paralela José Refugio Velasco, acompañado de una docena de generales, defendió Torreón hasta ser vencido.76 En junio Luis Medina Barrón se batió como león en Zacatecas para detener el avance de Villa hacia la capital de la República. En el Occidente el general Manuel Zozaya quiso detener el avance de Obregón, pero cayó herido y a la postre falleció. Al finalizar la primera semana de julio de 1914 el general José María Mier, jefe de la División de Occidente, se batió con hombría contra los rebeldes en las cercanías de Guadalajara, donde resultó mortalmente herido. Falleció a consecuencia de ello. Como el régimen de desmoronó, sus hazañas quedaron sepultadas.
Reflexiones
Con golpe de Estado de por medio, en febrero de 1913 Victoriano Huerta, Manuel Mondragón y Aurelio Blanquet entraron en escena para restaurar el orden y aplastar la revolución constitucionalista. Pero jamás se percataron de que muchos de los altos mandos militares eran viejos, cobardes, inútiles y miedosos, por lo que como dijo Francisco Bulnes, ningún temor inspiraban a las chusmas. A escasas semanas de iniciado el régimen dieron pruebas fehacientes de que no estaban dispuestos a dar la vida por él.
Ante el empuje de simples aficionados a las armas, profesores de escuela, rancheros, bandoleros, y resentidos sociales, los expertos en la ciencia militar se espantaron y huyeron. Para los militares respetuosos de la ordenanza militar, que seguramente los hubo, el desencanto fue absoluto. Dentro de este contexto por demás contradictorio resultaba difícil convencer a la tropa de que debía combatir hasta la muerte, cuando varios de sus jefes corrían aterrorizados.
Sorprende que Huerta no aplicara un correctivo drástico, que no los hubiera fusilado. Fue sumamente comprensivo con Higinio Aguilar, Pedro Ojeda, Ramos y Enrique Rivero. Con Escudero y Munguía cambió de parecer, pero ya era demasiado tarde. El abandonar la plaza y huir se había convertido en una costumbre. Los sometió a juicio militar, pero sorpresivamente fueron absueltos.
A ninguno se le pasó por las armas. Ante semejante benevolencia, otros militares siguieron sus pasos. Como se ha visto, el caso más escandaloso tuvo lugar en los primeros días de 1914, cuando Salvador R. Mercado, jefe de la División del Norte, se espantó ante los amagos de Francisco Villa y sin pudor alguno cruzó la frontera de Estados Unidos.
Pero no lo hizo solo: se llevó toda la división a su mando. Pasados dos años Salvador R. Mercado escribió un libro en el cual se inconformó por el hecho de que lo etiquetaran de cobarde y vulgar evacuador de plazas, y advirtió que si querían encontrar uno realmente ejemplar, éste era Victoriano Huerta, evacuador de la plaza de la ciudad de México, la principal del país.75 Su juicio, a todas luces cínico, encerraba una gran verdad. En julio de 1914 Huerta no debió salir del país, sino esperar la llegada de los constitucionalistas a las goteras de la capital de la República y morir con las armas en la mano.
Naturalmente que no todos los generales resultaron cobardes. A partir del mes de marzo de 1914 hubo varios que se portaron con valentía y se jugaron la vida por el régimen hasta morir. Por ejemplo, en la segunda quincena de marzo Luis G. Cartón y Paciano Benítez defendieron con coraje la plaza de Chilpancingo hasta que cayeron vencidos y fueron asesinados por los zapatistas. A principios de abril del mismo año Ignacio Morelos
Zaragoza hizo frente a las insolencias del contralmirante Henry T. Mayo en el puerto de Tampico. De manera enérgica rechazó sus exigencias de desagraviar la bandera de EU en la playa con sus respectivos cañonazos.
En forma paralela José Refugio Velasco, acompañado de una docena de generales, defendió Torreón hasta ser vencido.76 En junio Luis Medina Barrón se batió como león en Zacatecas para detener el avance de Villa hacia la capital de la República. En el Occidente el general Manuel Zozaya quiso detener el avance de Obregón, pero cayó herido y a la postre falleció. Al finalizar la primera semana de julio de 1914 el general José María Mier, jefe de la División de Occidente, se batió con hombría contra los rebeldes en las cercanías de Guadalajara, donde resultó mortalmente herido. Falleció a consecuencia de ello. Como el régimen de desmoronó, sus hazañas quedaron sepultadas.
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