Raymundo Riva Palacio
El próximo 10 de junio llegará a Ciudad Juárez, el emblema de sangre en la guerra contra el narcotráfico una nueva marcha encabezada por el poeta Javier Sicilia. Auto erigido como líder de la protesta contra la inseguridad pública tras el asesinato de su propio hijo, Sicilia ha carecido de la fuerza para construir un movimiento que se armó en torno a él, para llegar a buen puerto. Paradójicamente, fue la autoridad la que le ha dado respiración artificial, primero el presidente Felipe Calderón al aceptar dialogar con el movimiento en público -en privado han conversado al menos tres veces-, y luego los gobernadores del país, que lo invitaron a hablar con ellos en junio, en contrasentido de lo que debería de ser una iniciativa ciudadana.
Los operadores intelectuales que dieron cuerpo a la primera marcha de Cuernavaca al Zócalo de la ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, no tienen el carisma del poeta para remplazarlo, pero tampoco, como dijo el primero días después, el movimiento ya rebasó a la persona. El movimiento sigue siendo Sicilia, y rápido se tiene que actuar para evitar que todo un envión detonado por la indignación de la violencia en carne propia, se vuelva nuevamente un problema de los otros y no de todos nosotros.
Rumbo y objetivo político tienen que ser inyectados al movimiento para evitar lo que está sucediendo con el Movimiento 15 de Mayo en España, donde miles de jóvenes que se levantaron en 100 ciudades españolas para protestar contra los partidos políticos y su funcionamiento no saben como trasladar su inconformidad a un programa que ahora sacuda a los partidos. Indignarse, como propuso Stéphene Hessel en un inspirador ensayo contra la apatía, traducido únicamente a lanzarse a las calles en una rebelión pacífica y gritos contra los poderes establecidos, no pasa de ser una catarsis efímera sin futuro.
El “¡Indignaos!” español es el “¡Estamos hasta la madre!”, que gritó Sicilia y se volvió en gemido con frustración, angustia e impotencia. El movimiento que generó inopinadamente Sicilia no es análogo al español salvo en el fastidio y la necesidad existencial de que se tiene que hacer algo. No es menor lo que pasa en México: 40 mil muertos acreditados a una guerra contra el narcotráfico, donde criminales se matan entre sí, se matan con las fuerzas de seguridad, y criminales y fuerzas de seguridad abaten a personas que sólo estuvieron en el lugar y el momento menos oportuno de su vida.
Indignarse es un gran comienzo, pero no basta. El momento que se creó en torno y detrás de Sicilia lanzó un manifiesto que es tan ambicioso y general, como también rebasa las responsabilidades del gobierno federal, al cual va dirigido. Lo políticamente correcto atrae aplausos del coro, pero no siempre es lo políticamente inteligente. No hay nada mejor que lanzar una miscelánea de buenas intenciones, que obligan a muchos actores a responder y comprometerse, para que no avance nada.
Sicilia y las inteligencias detrás del poeta tienen que replantear lo que desean, focalizar sus propuestas y renacer el 10 de junio. Se ha perdido en la retórica, alienado posibles aliados y, sobretodo, perdido la brújula política. Todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Los españoles, para seguir con el caso ibérico, pudieron llegar al Pacto de la Moncloa después de que todos los actores acordaron un Pacto contra el Terrorismo.
El Pacto por un México con justicia, paz y seguridad, propuesto por el movimiento de Sicilia, tendría que ser el punto de arranque que permita, con la creación de relaciones de confianza mutua, compromisos y cumplimientos, avanzar hacia otros temas. La búsqueda de lo ideal siempre se da a partir de ir acercando lo real. Bajo esa premisa sí se puede plantear la proposición de cómo se puede dar seguridad, paz y justicia. Nadie tiene la fórmula para llegar a ello, pero es lo que hay que buscar. Algunos botones de muestra:
1.- Sobre la estrategia del Gobierno contra los narcotraficantes. El vocero presidencial para esos temas, Alejandro Poiré, asegura que es falso que la única estrategia del gobierno sea la de la fuerza. Teóricamente tiene razón, pero desde marzo de 2007 existe una estrategia integral, que en la práctica ha sido deficiente. Por dar un ejemplo que se menciona en el manifiesto de Sicilia, las acciones reales contra el lavado de dinero apenas se comenzaron a dar este año, y un buen punto para discutir la estrategia sería con los resultados hasta ahora en materia de recuperación de espacios (Desarrollo Social), y los esfuerzos contra narcomenudeo en las escuelas (Educación), que se plantearon en la estrategia integral.
2.- Sobre el papel de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Se puede argumentar que se ha creado un Ministerio del Interior de facto? La manera como absorbió los presupuestos en materia de seguridad, derrotó a la PGR y al CISEN en plataformas tecnológicas y superó a la Defensa en adquisición de equipo, permiten hacer un alegato en ese sentido. Al no existir el diseño institucional para ello, ese Ministerio del Interior de facto ha minado, también se puede discutir, las funciones para la seguridad nacional del Estado mexicano.
3.- Sobre los derechos humanos. Contra lo que casi tres de cada 10 mexicanos piensan, y el oportunismo del Partido Verde, los derechos humanos deben ser respetados aún en el caso de que estos sean de los criminales. Un Estado que tolera la violación de los derechos humanos -en cualquier caso-, es un Estado que se devora a sí mismo y rompe el tejido social. Un Estado al que se le permite la violación de las garantías, es un Estado al que cada uno le da el mandato para reprimirnos, en el momento que lo desee, bajo cualquier pretexto. Un Estado no puede combatir éticamente a los criminales, con las herramientas de los criminales.
La discusión de estos temas desdoblan en políticas públicas y exigencias para los tres poderes. Hay elementos que le tocan indiscutiblemente al gobierno, pero hay otros que son de la competencia del Poder Judicial y otros más del Legislativo. La segunda discusión es lo que nos toca a nosotros, como sociedad. Ese es otro déficit del manifiesto de Sicilia que también tendría que incorporar el 10 de junio. No es tarde para nada, salvo para no hacer nada.
martes, 7 de junio de 2011
Calderón contra el mundo
Raymundo Riva Palacio
Mientras FCH refirma guerra contra el narco, líderes en el mundo refrendan que lucha contra las drogas está mal
El presidente Felipe Calderón regresó al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para instaurar oficialmente el 2 de junio como el Día del Policía. Merecido el reconocimiento, aunque el contexto general en el cual se decreta la celebración anual tiene que ver con otro tipo de consentimiento, que es para con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, arquitecto de la estrategia contra los cárteles de la droga. Pero fue un día de claroscuros. Diecinueve líderes políticos y financieros en el mundo difundieron un reporte donde que su guerra contra los cárteles de la droga está mal, es un error, y crea una carrera armamentista y muerte.
El presidente Calderón y su Gobierno están en las antípodas de donde camina el mundo. Su gran amigo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, inició en Europa una negociación secreta con las FARC para lograr la paz en su país tras más de medio siglo de violencia, donde las consideraciones éticas de negociar con una narcoguerrilla definida como “terrorista” son puestas de lado. Igualmente, el presidente Barack Obama modificó la doctrina del presidente Richard Nixon de combatir criminalmente al narcotráfico por un enfoque de salud y prevención.
El miércoles, una Comisión de Líderes del Mundo urgió el fin de la fallida guerra contra las drogas y reformas al régimen de prohibición al uso de drogas. La Comisión tiene un peso específico, al figurar el primer ministro de Grecia, los expresidentes de Brasil, Colombia, México, Suiza, el secretario general de la ONU, exministros europeos, funcionarios de la Unión Europea y un expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la presidencia honoraria de George Shultz, el canciller de Ronald Reagan.
Su reporte argumenta que los grandes gastos en medidas de represivas y de criminalización dirigidas contra productores, traficantes y consumidores, han fracasado en la reducción del suministro y el consumo (Estados Unidos, Colombia y México mismo, serían estudios de caso), y que las victorias aparentes al eliminar una fuente de abastecimiento o a una organización de narcotraficantes, son neutralizadas ante la emergencia de otras fuentes y cárteles (que es la lógica de realineamiento, cada vez con más violencia, de las bandas criminales en México desde 2007).
En el caso específico de México, los líderes afirman: “Prácticas policiales mal diseñadas contra las drogas, pueden incrementar el nivel de violencia, la intimidación y la corrupción asociada con los mercados de la droga. Las fuerzas de seguridad y las organizaciones de narcotraficantes se han visto involucradas en una especie de carrera armamentista en la cual los mayores esfuerzos policiales tienden a un incremento similar de los traficantes en la fuerza y la violencia. De esta forma, se crean las condiciones para una mayor brutalidad y violencia de las organizaciones de narcotráfico”.
La descripción del grupo de líderes responde indirectamente a la racional de la estrategia, planteada por el Presidente y el gabinete de seguridad de combatir a todos los grupos para desmantelar los cárteles, provocar una diáspora y forzar el achicamiento de las nuevas organizaciones, para que sean más fáciles de controlar. Esa estrategia sí rompió cárteles y en algunos casos su casi desaparición, como La Familia Michoacana, que se encuentra descabezada y desdoblándose en pequeñas bandas criminales, Tijuana que se tuvo que reinventar en una nueva organización con base en San Diego, o Los Zetas, que para sobrevivir tuvieron que expandirse a Centroamérica.
El argumento central del reporte es que ante el fracaso del enfoque policial en la guerra contra las drogas, debe modificarse por uno que aborde el tema de salud, con modelos de regulación de las drogas, especialmente la mariguana, que mine el poder del crimen organizado y salvaguarde la salud e integridad de los ciudadanos. En México, como referencia, la exportación de mariguana a Estados Unidos es lo que sostiene la operación diaria de los cárteles de la droga, no la cocaína, de donde salen las grandes utilidades.
Esta regulación modificaría la criminalización de, por ejemplo, los campesinos que producen drogas porque no tienen cultivos alternos para subsistir, los consumidores, e inclusive narcomenudistas, cuya lucha por territorios generan violencia en México, que perderían los incentivos de ganancia ante un mercado regulado.
Las reformas que plantea el reporte afectaría también la asignación de presupuestos, reorientando el énfasis de la seguridad a políticas públicas que ataquen, en el análisis de los expertos, los factores que contribuyen al desarrollo de la problemática y patrones de dependencia, como traumas y negligencias durante la niñez, las difíciles condiciones de vida de sus entornos, la marginación social y los problemas emocionales (en el núcleo familiar).
Todas estas propuestas chocan con la estrategia del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, que consta de cinco componentes: 1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.
Es cierto, como se afirma en el reporte, que la política policial es parte de la solución, pero no es la solución ni la forma como debe enfocarse el fenómeno. “No podemos ignorar más que la extensión de la violencia relacionado con el narcotráfico, el crimen y la corrupción, son resultado del fracaso de las políticas de la guerra contra las drogas”, dijo uno de los líderes miembros, César Gaviria, que como presidente de Colombia naufragó en sus guerra contra narco. “Es tiempo de romper el tabú sobre la discusión de todas las opciones de políticas contra las drogas, incluidas las alternativas a la prohibición de drogas”.
Este es un gran documento para, como ha propuesto el presidente Calderón, discutir opciones estratégicas al combate contra las drogas. Pero hay que hacerlo, a partir de estudios, evidencias y planteamientos, no cimentadas en actos de fe ni en descalificaciones a priori, o ante la cerrazón de los interlocutores.
Mientras FCH refirma guerra contra el narco, líderes en el mundo refrendan que lucha contra las drogas está mal
El presidente Felipe Calderón regresó al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para instaurar oficialmente el 2 de junio como el Día del Policía. Merecido el reconocimiento, aunque el contexto general en el cual se decreta la celebración anual tiene que ver con otro tipo de consentimiento, que es para con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, arquitecto de la estrategia contra los cárteles de la droga. Pero fue un día de claroscuros. Diecinueve líderes políticos y financieros en el mundo difundieron un reporte donde que su guerra contra los cárteles de la droga está mal, es un error, y crea una carrera armamentista y muerte.
El presidente Calderón y su Gobierno están en las antípodas de donde camina el mundo. Su gran amigo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, inició en Europa una negociación secreta con las FARC para lograr la paz en su país tras más de medio siglo de violencia, donde las consideraciones éticas de negociar con una narcoguerrilla definida como “terrorista” son puestas de lado. Igualmente, el presidente Barack Obama modificó la doctrina del presidente Richard Nixon de combatir criminalmente al narcotráfico por un enfoque de salud y prevención.
El miércoles, una Comisión de Líderes del Mundo urgió el fin de la fallida guerra contra las drogas y reformas al régimen de prohibición al uso de drogas. La Comisión tiene un peso específico, al figurar el primer ministro de Grecia, los expresidentes de Brasil, Colombia, México, Suiza, el secretario general de la ONU, exministros europeos, funcionarios de la Unión Europea y un expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la presidencia honoraria de George Shultz, el canciller de Ronald Reagan.
Su reporte argumenta que los grandes gastos en medidas de represivas y de criminalización dirigidas contra productores, traficantes y consumidores, han fracasado en la reducción del suministro y el consumo (Estados Unidos, Colombia y México mismo, serían estudios de caso), y que las victorias aparentes al eliminar una fuente de abastecimiento o a una organización de narcotraficantes, son neutralizadas ante la emergencia de otras fuentes y cárteles (que es la lógica de realineamiento, cada vez con más violencia, de las bandas criminales en México desde 2007).
En el caso específico de México, los líderes afirman: “Prácticas policiales mal diseñadas contra las drogas, pueden incrementar el nivel de violencia, la intimidación y la corrupción asociada con los mercados de la droga. Las fuerzas de seguridad y las organizaciones de narcotraficantes se han visto involucradas en una especie de carrera armamentista en la cual los mayores esfuerzos policiales tienden a un incremento similar de los traficantes en la fuerza y la violencia. De esta forma, se crean las condiciones para una mayor brutalidad y violencia de las organizaciones de narcotráfico”.
La descripción del grupo de líderes responde indirectamente a la racional de la estrategia, planteada por el Presidente y el gabinete de seguridad de combatir a todos los grupos para desmantelar los cárteles, provocar una diáspora y forzar el achicamiento de las nuevas organizaciones, para que sean más fáciles de controlar. Esa estrategia sí rompió cárteles y en algunos casos su casi desaparición, como La Familia Michoacana, que se encuentra descabezada y desdoblándose en pequeñas bandas criminales, Tijuana que se tuvo que reinventar en una nueva organización con base en San Diego, o Los Zetas, que para sobrevivir tuvieron que expandirse a Centroamérica.
El argumento central del reporte es que ante el fracaso del enfoque policial en la guerra contra las drogas, debe modificarse por uno que aborde el tema de salud, con modelos de regulación de las drogas, especialmente la mariguana, que mine el poder del crimen organizado y salvaguarde la salud e integridad de los ciudadanos. En México, como referencia, la exportación de mariguana a Estados Unidos es lo que sostiene la operación diaria de los cárteles de la droga, no la cocaína, de donde salen las grandes utilidades.
Esta regulación modificaría la criminalización de, por ejemplo, los campesinos que producen drogas porque no tienen cultivos alternos para subsistir, los consumidores, e inclusive narcomenudistas, cuya lucha por territorios generan violencia en México, que perderían los incentivos de ganancia ante un mercado regulado.
Las reformas que plantea el reporte afectaría también la asignación de presupuestos, reorientando el énfasis de la seguridad a políticas públicas que ataquen, en el análisis de los expertos, los factores que contribuyen al desarrollo de la problemática y patrones de dependencia, como traumas y negligencias durante la niñez, las difíciles condiciones de vida de sus entornos, la marginación social y los problemas emocionales (en el núcleo familiar).
Todas estas propuestas chocan con la estrategia del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, que consta de cinco componentes: 1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.
Es cierto, como se afirma en el reporte, que la política policial es parte de la solución, pero no es la solución ni la forma como debe enfocarse el fenómeno. “No podemos ignorar más que la extensión de la violencia relacionado con el narcotráfico, el crimen y la corrupción, son resultado del fracaso de las políticas de la guerra contra las drogas”, dijo uno de los líderes miembros, César Gaviria, que como presidente de Colombia naufragó en sus guerra contra narco. “Es tiempo de romper el tabú sobre la discusión de todas las opciones de políticas contra las drogas, incluidas las alternativas a la prohibición de drogas”.
Este es un gran documento para, como ha propuesto el presidente Calderón, discutir opciones estratégicas al combate contra las drogas. Pero hay que hacerlo, a partir de estudios, evidencias y planteamientos, no cimentadas en actos de fe ni en descalificaciones a priori, o ante la cerrazón de los interlocutores.
Las (viejas) culpas del PRI
Raymundo Riva Palacio
El PRI cayó en la trampa del presidente Felipe Calderón. Durante meses él y su Gobierno mantienen la línea discursiva de que un regreso al PRI es un retroceso para la nación. En el pasado, dice, no se combatía al narcotráfico, sino se toleraba; se negociaba, sugiere, no se le enfrentaba. Si quieren eso, sostiene, votar por el PRI en la próxima elección presidencial es el camino más corto a la regresión. Calderón ha logrado llevar al PRI a su terreno, al imponer sus términos, cuando menos hasta ahora, para 2012: la elección será un plebiscito, pero no sobre el Gobierno en turno —como suele ser—, sino sobre los pasados gobiernos del PRI.
Calderón y su Gobierno hicieron rounds de sombra, pero casi han noqueado al PRI. Para poder integrar el Comité Ejecutivo Nacional priísta, sus líderes hicieron una consulta informal a la PGR sobre si tenían expedientes sobre delincuencia organizada de dos ex gobernadores que quería nombrar el dirigente Humberto Moreira, y cuando les respondieron que por un asunto de fama pública —nunca les dijeron si había o no investigaciones en curso— no era una buena idea, congelaron los nombramientos. Desde el propio PRI empezaron las declaraciones que el Gobierno quería vincularlos con el narcotráfico, con lo cual fortalecieron el discurso presidencial y entraron a su juego.
La detención del político y empresario Jorge Hank Rhon en Tijuana, es otra muestra de lo nerviosos que se encuentran en el PRI. A Hank Rhon lo detuvieron junto con 10 personas porque en su casa encontraron un arsenal que incluía 88 armas —unas 25 de ellas prohibidas por la ley y de uso reglamentario del Ejército—, más de 9 mil cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas tóxico. Moreira declaró a bote pronto que era una “cacería de brujas”, y políticos que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto alimentaron el imaginario colectivo al vincular el arresto con el narcotráfico y defender el arsenal con un propósito de “autodefensa”.
La detención de Hank Rhon golpeó al PRI por debajo de la línea de flotación. Es hijo del profesor Carlos Hank González, uno de los hombres más poderosos que haya producido el Grupo Atlacomulco, al cual también pertenece el puntero en las elecciones presidenciales, Peña Nieto. También es muy cercano al ex gobernador Arturo Montiel, quien perdió la candidatura presidencial hace seis años por presunto enriquecimiento inexplicable; y su familia está emparentada con el dueño de Banorte, Roberto González Barrera, el banquero más cercano al PRI.
Es decir, la detención de Hank Rhon fue enlazada directamente con el Estado de México y contextualizada en las elecciones presidenciales. En varias tribunas se habló de la profecía autorrealizable —tanto hablaban que habría un golpe contra un priísta relacionado al narcotráfico, que se cumplió—, o que fue un arresto muy conveniente, en términos electorales. Desde el sábado se llegó a decir que fue una trampa, y el propio Moreira sugirió que le habían “plantado” las armas.
Pero el operativo que llevó a la detención no parece ser un ejercicio de ciencia espacial. Tres de sus empleados portaban sus armas en lugares públicos y alguien —la denuncia ciudadana no es inusual en Tijuana— lo reportó al Ejército. Los detenidos dieron la dirección donde habían sacado las armas, que resultó la casa de Hank Rhon. Su vocero, Francisco Ramírez, dijo que todas las armas estaban registradas —ni él, ni la esposa del político-empresario negaron que fueran suyas—, aunque nadie explica el porqué de las armas prohibidas.
La Sedena informó a la prensa sobre el tipo de armas que había encontrado, incluidas las de alto poder y de uso reglamentario del Ejército. La ley es precisa. El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que se pueden tener pistolas de funcionamiento automático de calibre no superior a los .380 mm, con excepción de pistolas .38 súper y .38 comando. Asimismo se permiten revólveres en calibres no superiores al .38 especial, con la excepción del calibre .357, que corresponde a la mortífera Magnum.
En la casa de Hank Rhon se halló, sin embargo, otro tipo de armas. Había un número indeterminado de AK-47, los famosos “cuernos de chivo” que se compran relativamente fácil en EU; y R-15, un arma reglamentaria del Ejército, que no se puede comprar en Estados Unidos —las Fuerzas Armadas de ese país no lo utilizan—, y que normalmente es comprada en el mercado negro mexicano.
Si se elimina el ruido y se ven los hechos, el arresto de Hank Rhon y otras 10 personas tiene sustento legal. Si se encuentra al priísta presunto responsable, entrará el proceso en otro nivel de litigio. Moreira, después de su declaración intempestiva, dijo que esperarían a tener más información. Pero fue demasiado tarde para la histeria en el PRI.
Plantear que el arresto de Hank Rhon busca alterar el desarrollo de las elecciones presidenciales, es desconocer por completo cómo funciona la opinión pública y el electorado, que olvida pronto cuando los hechos son aislados. De igual manera, si no produce el caso evidencias sólidas de corrupción e ilegalidad con el Estado de México, no afectará salvo quizás marginalmente, el comportamiento del electorado.
Quien estableció inmediatamente la conexión entre el PRI mexiquense y la delincuencia organizada no fue el Gobierno, sino el PRI. Nadie más. Desde el sábado dijeron que con esto comenzaba la “guerra sucia”. El caso de Hank Rhon no tiene esquinas oscuras. Es por posesión de armas ilegales y la tenencia de un mayor número de las armas permitidas por persona. Al PRI se le asoman tanto las culpas, que hasta parece sospechoso.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
El PRI cayó en la trampa del presidente Felipe Calderón. Durante meses él y su Gobierno mantienen la línea discursiva de que un regreso al PRI es un retroceso para la nación. En el pasado, dice, no se combatía al narcotráfico, sino se toleraba; se negociaba, sugiere, no se le enfrentaba. Si quieren eso, sostiene, votar por el PRI en la próxima elección presidencial es el camino más corto a la regresión. Calderón ha logrado llevar al PRI a su terreno, al imponer sus términos, cuando menos hasta ahora, para 2012: la elección será un plebiscito, pero no sobre el Gobierno en turno —como suele ser—, sino sobre los pasados gobiernos del PRI.
Calderón y su Gobierno hicieron rounds de sombra, pero casi han noqueado al PRI. Para poder integrar el Comité Ejecutivo Nacional priísta, sus líderes hicieron una consulta informal a la PGR sobre si tenían expedientes sobre delincuencia organizada de dos ex gobernadores que quería nombrar el dirigente Humberto Moreira, y cuando les respondieron que por un asunto de fama pública —nunca les dijeron si había o no investigaciones en curso— no era una buena idea, congelaron los nombramientos. Desde el propio PRI empezaron las declaraciones que el Gobierno quería vincularlos con el narcotráfico, con lo cual fortalecieron el discurso presidencial y entraron a su juego.
La detención del político y empresario Jorge Hank Rhon en Tijuana, es otra muestra de lo nerviosos que se encuentran en el PRI. A Hank Rhon lo detuvieron junto con 10 personas porque en su casa encontraron un arsenal que incluía 88 armas —unas 25 de ellas prohibidas por la ley y de uso reglamentario del Ejército—, más de 9 mil cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas tóxico. Moreira declaró a bote pronto que era una “cacería de brujas”, y políticos que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto alimentaron el imaginario colectivo al vincular el arresto con el narcotráfico y defender el arsenal con un propósito de “autodefensa”.
La detención de Hank Rhon golpeó al PRI por debajo de la línea de flotación. Es hijo del profesor Carlos Hank González, uno de los hombres más poderosos que haya producido el Grupo Atlacomulco, al cual también pertenece el puntero en las elecciones presidenciales, Peña Nieto. También es muy cercano al ex gobernador Arturo Montiel, quien perdió la candidatura presidencial hace seis años por presunto enriquecimiento inexplicable; y su familia está emparentada con el dueño de Banorte, Roberto González Barrera, el banquero más cercano al PRI.
Es decir, la detención de Hank Rhon fue enlazada directamente con el Estado de México y contextualizada en las elecciones presidenciales. En varias tribunas se habló de la profecía autorrealizable —tanto hablaban que habría un golpe contra un priísta relacionado al narcotráfico, que se cumplió—, o que fue un arresto muy conveniente, en términos electorales. Desde el sábado se llegó a decir que fue una trampa, y el propio Moreira sugirió que le habían “plantado” las armas.
Pero el operativo que llevó a la detención no parece ser un ejercicio de ciencia espacial. Tres de sus empleados portaban sus armas en lugares públicos y alguien —la denuncia ciudadana no es inusual en Tijuana— lo reportó al Ejército. Los detenidos dieron la dirección donde habían sacado las armas, que resultó la casa de Hank Rhon. Su vocero, Francisco Ramírez, dijo que todas las armas estaban registradas —ni él, ni la esposa del político-empresario negaron que fueran suyas—, aunque nadie explica el porqué de las armas prohibidas.
La Sedena informó a la prensa sobre el tipo de armas que había encontrado, incluidas las de alto poder y de uso reglamentario del Ejército. La ley es precisa. El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que se pueden tener pistolas de funcionamiento automático de calibre no superior a los .380 mm, con excepción de pistolas .38 súper y .38 comando. Asimismo se permiten revólveres en calibres no superiores al .38 especial, con la excepción del calibre .357, que corresponde a la mortífera Magnum.
En la casa de Hank Rhon se halló, sin embargo, otro tipo de armas. Había un número indeterminado de AK-47, los famosos “cuernos de chivo” que se compran relativamente fácil en EU; y R-15, un arma reglamentaria del Ejército, que no se puede comprar en Estados Unidos —las Fuerzas Armadas de ese país no lo utilizan—, y que normalmente es comprada en el mercado negro mexicano.
Si se elimina el ruido y se ven los hechos, el arresto de Hank Rhon y otras 10 personas tiene sustento legal. Si se encuentra al priísta presunto responsable, entrará el proceso en otro nivel de litigio. Moreira, después de su declaración intempestiva, dijo que esperarían a tener más información. Pero fue demasiado tarde para la histeria en el PRI.
Plantear que el arresto de Hank Rhon busca alterar el desarrollo de las elecciones presidenciales, es desconocer por completo cómo funciona la opinión pública y el electorado, que olvida pronto cuando los hechos son aislados. De igual manera, si no produce el caso evidencias sólidas de corrupción e ilegalidad con el Estado de México, no afectará salvo quizás marginalmente, el comportamiento del electorado.
Quien estableció inmediatamente la conexión entre el PRI mexiquense y la delincuencia organizada no fue el Gobierno, sino el PRI. Nadie más. Desde el sábado dijeron que con esto comenzaba la “guerra sucia”. El caso de Hank Rhon no tiene esquinas oscuras. Es por posesión de armas ilegales y la tenencia de un mayor número de las armas permitidas por persona. Al PRI se le asoman tanto las culpas, que hasta parece sospechoso.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Suscribirse a:
Entradas (Atom)