La letra chiquita de la reforma financiera
La Comisión Permanente ha recibido formalmente la reforma financiera, expresada en 13 iniciativas de reforma de 34 leyes. En los alerones de ésta, llegó aupada una frase mediática del Gobierno federal: “Tiene como objetivo que en México se preste más y más barato”. Pero, desde ayer mismo, diputados en lo individual han comenzado a leer los dobles renglones de la letra chiquita de lo que les ha llegado.
Y en la letra chiquita han comenzado a buscar ya los costos de la reforma. ¿Podrá pedir un banco a un juez el arraigo de un deudor o incluso el embargo de los bienes de éste, en caso de incumplir los pagos?, fue una pregunta mordiente en los territorios del Congreso de la Unión.
Fernando Cuéllar, diputado perredista, ha llamado a los 628 diputados y senadores de la 62 Legislatura “a revisar el contenido y las ‘letras chiquitas’ para evitar engaños, errores o sorpresas”.
Un día después retumbaba, con gran estruendo en la Cámara de Diputados, el discurso de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, en el Alcázar de Chapultepec, cuando la presentación de la reforma financiera de marras.
“Tal como lo dijo Jesús Zambrano”, evocaba Fernando Cuéllar, “hasta ahora la banca privada se ha caracterizado por ser agiotista, velar sólo por sus intereses particulares y obstruir más que impulsar el desarrollo nacional con créditos escasos y caros, así como a una descapitalización del país a través de extracción de enormes ganancias”.
Y apostillaba el perredista: “No es suficiente, por ello, que se limite a suscribir los objetivos de la iniciativa, y la iniciativa misma para creerle y para que los legisladores aprueben, sin previo análisis y corrección, todo el contenido de la reforma financiera, pues la práctica de ese tipo de instituciones ha ido exactamente en sentido contrario”.
Desde el anuncio mismo de la reforma financiera, en Semana Santa, se había dicho que se buscaría legislar para abaratar el crédito a cambio de dar mayores facilidades a la banca para ejecutar garantías de pago. ¿Irán a la cárcel o se quedarían, de facto, sin patrimonio quienes no cumplieran a los banqueros? Es la pregunta reiterante, que a partir de ahora morderá los calcañales de diputados y senadores.
Por vía de mientras, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo ayer la siguiente declaración, a propósito de la pregunta de marras: “Arraigar al deudor por supuesto que no”, respondió a pregunta expresa que, para su noticiario, le hubo hecho este jueves la reportera Carmelita Aristegui. “Lo que está buscando es que haya mayor agilidad en la ejecución de garantías, pero en beneficio de quienes hoy no pueden acceder al crédito”.
Este es el punto nuclear de la reforma, y el vértice sobre el cual incursionará el debate sobre la reforma financiera. Sí, más crédito y más barato; pero, ¿a costa de qué? ¿Acaso de fortalecer a la banca, erigiéndola en un poder fáctico todavía más poderoso de lo que es actualmente?
En esto consistirá, precisamente, el trabajo legislativo que deberán realizar los diputados federales, una vez que la Comisión Permanente turne a la Cámara de Diputados la multicitada reforma financiera.
Un trabajo de revisión detallada de todas y cada una de las propuestas de nuevos mandatos jurídicos que propone el Ejecutivo Federal en las 34 leyes emplazadas para su modificación.
En San Lázaro, ayer, nadie garantizaba la posibilidad de que sea convocado pronto un periodo extraordinario de sesiones, dedicado ex profeso para la construcción de la reforma aquella.
Llegará, rigurosamente, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado panista José Isabel Trejo Reyes; el diputado que, sin embargo, sólo responde llamadas y da declaraciones luego de que, presumiblemente, le han tirado línea desde las cúpulas panistas.
ESTRIBO
El diputado federal del PT Ricardo Monreal Ávila afirmó este miércoles, en la sesión de la Permanente, que “la poca vigilancia por parte de las instituciones encargadas y el enorme vacío legal que existe en la materia, han permitido que en los 10 años recientes, más de 300 mil ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país. De las 850 cajas de ahorro sociales y privadas que prestan servicio en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. Esto, cuando presentó la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país.
Y en la letra chiquita han comenzado a buscar ya los costos de la reforma. ¿Podrá pedir un banco a un juez el arraigo de un deudor o incluso el embargo de los bienes de éste, en caso de incumplir los pagos?, fue una pregunta mordiente en los territorios del Congreso de la Unión.
Fernando Cuéllar, diputado perredista, ha llamado a los 628 diputados y senadores de la 62 Legislatura “a revisar el contenido y las ‘letras chiquitas’ para evitar engaños, errores o sorpresas”.
Un día después retumbaba, con gran estruendo en la Cámara de Diputados, el discurso de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, en el Alcázar de Chapultepec, cuando la presentación de la reforma financiera de marras.
“Tal como lo dijo Jesús Zambrano”, evocaba Fernando Cuéllar, “hasta ahora la banca privada se ha caracterizado por ser agiotista, velar sólo por sus intereses particulares y obstruir más que impulsar el desarrollo nacional con créditos escasos y caros, así como a una descapitalización del país a través de extracción de enormes ganancias”.
Y apostillaba el perredista: “No es suficiente, por ello, que se limite a suscribir los objetivos de la iniciativa, y la iniciativa misma para creerle y para que los legisladores aprueben, sin previo análisis y corrección, todo el contenido de la reforma financiera, pues la práctica de ese tipo de instituciones ha ido exactamente en sentido contrario”.
Desde el anuncio mismo de la reforma financiera, en Semana Santa, se había dicho que se buscaría legislar para abaratar el crédito a cambio de dar mayores facilidades a la banca para ejecutar garantías de pago. ¿Irán a la cárcel o se quedarían, de facto, sin patrimonio quienes no cumplieran a los banqueros? Es la pregunta reiterante, que a partir de ahora morderá los calcañales de diputados y senadores.
Por vía de mientras, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo ayer la siguiente declaración, a propósito de la pregunta de marras: “Arraigar al deudor por supuesto que no”, respondió a pregunta expresa que, para su noticiario, le hubo hecho este jueves la reportera Carmelita Aristegui. “Lo que está buscando es que haya mayor agilidad en la ejecución de garantías, pero en beneficio de quienes hoy no pueden acceder al crédito”.
Este es el punto nuclear de la reforma, y el vértice sobre el cual incursionará el debate sobre la reforma financiera. Sí, más crédito y más barato; pero, ¿a costa de qué? ¿Acaso de fortalecer a la banca, erigiéndola en un poder fáctico todavía más poderoso de lo que es actualmente?
En esto consistirá, precisamente, el trabajo legislativo que deberán realizar los diputados federales, una vez que la Comisión Permanente turne a la Cámara de Diputados la multicitada reforma financiera.
Un trabajo de revisión detallada de todas y cada una de las propuestas de nuevos mandatos jurídicos que propone el Ejecutivo Federal en las 34 leyes emplazadas para su modificación.
En San Lázaro, ayer, nadie garantizaba la posibilidad de que sea convocado pronto un periodo extraordinario de sesiones, dedicado ex profeso para la construcción de la reforma aquella.
Llegará, rigurosamente, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado panista José Isabel Trejo Reyes; el diputado que, sin embargo, sólo responde llamadas y da declaraciones luego de que, presumiblemente, le han tirado línea desde las cúpulas panistas.
ESTRIBO
El diputado federal del PT Ricardo Monreal Ávila afirmó este miércoles, en la sesión de la Permanente, que “la poca vigilancia por parte de las instituciones encargadas y el enorme vacío legal que existe en la materia, han permitido que en los 10 años recientes, más de 300 mil ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país. De las 850 cajas de ahorro sociales y privadas que prestan servicio en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. Esto, cuando presentó la iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país.
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