Con base en una detallada descripción documental, Hall nos acerca a las intrincadas negociaciones por medio de las cuales Álvaro Obregón logró el reconocimiento y el apoyo oficial por parte de Estados Unidos, y explica el papel que tuvieron en ellas los banqueros y petroleros norteamericanos.
Una revisión de los tratados de Bucareli
Mientras México salía de la etapa más violenta de la Revolución con la promulgación de la Constitución de 1917 y Venustiano Carranza iniciaba su gestión presidencial, Estados Unidos seguía involucrado en la Primera Guerra Mundial. No obstante, la misma guerra había colocado a ese país en un sitio importante dentro del mundo en términos económicos, políticos y militares. El petróleo se convertía por entonces en el combustible fundamental para la obtención de energía tanto con fines industriales como militares, y México tenía petróleo en abundancia.
El artículo 27 de la Constitución de 1917 parecía una amenaza contra Estados Unidos y contra otros dueños extranjeros de ese recurso y, por otra parte, restringía el incremento de la explotación extranjera de los depósitos petroleros mexicanos. Estos recursos eran la única fuente potencial importante de ingresos para el gobierno, dada la devastación de la economía mexicana, de ahí que conservar su control fuera una prioridad para los dos presidentes mexicanos que asumieron su cargo inmediatamente después de la Revolución: Carranza y su sucesor, Álvaro Obregón.
Los petroleros estadounidenses rápidamente empezaron a ejercer presión sobre México por medio de sus gobiernos y con negociaciones directas. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos de 1912 a 1920, se negaba a participar y desconfiaba profundamente de las causas que movían a los inversionistas estadounidenses; cuando Warren Harding llegó a la presidencia se inclinó a dejar la política mexicana en manos de otros, y especialmente quedó durante un tiempo en las del senador de Nuevo México, Albert Fall. El propio Fall estaba interesado en el asunto del petróleo y por ello de inmediato se involucró y ejerció influencia en nombre de sus socios, quienes pretendían lograr que se modificara el insultante artículo 27.
Este artículo, que conservaba los derechos del subsuelo en manos del Estado, podía interferir con el control de las propiedades y arrendamientos estadounidenses del subsuelo si se le daba un carácter retroactivo. Es más, los intereses petroleros estadounidenses deseaban evitar hasta donde fuera posible el pago de impuestos y regalías.
Carranza incrementó especialmente la preocupación de Estados Unidos al hacer cambios drásticos en los impuestos a la industria y al sostener que las concesiones deberían ser confirmadas por el gobierno nacional mexicano, incluso en los campos en donde ya se estuvieran llevando a cabo labores de perforación.
Algunos miembros de su administración, principalmente su yerno, Cándido Aguilar, trataron de convencerlo de que suavizara su decisión, pero incluso al final de su mandato él seguía insistiendo en que los inversionistas extranjeros que operaran en territorio mexicano debían renunciar al derecho de que su país (Estados Unidos) interviniera diplomáticamente en su nombre; su argumento era que la aceptación oficial de la Doctrina Monroe en la Conferencia de Paz de Versalles violaba flagrantemente la soberanía de México.1 Mientras tanto algunos políticos estadounidenses, especialmente Enrique Cabot Lodge, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, luchaban contra la oposición de Wilson a imponer con violencia los derechos de ese país. Lodge escribió a un partidario de esta tendencia que EU debería hacer un “arreglo cubano con México” en el que interviniera para instalar allí un gobierno que pudiera controlar.
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