Cuando Carranza fue derrocado en 1920 y llegó al poder el presidente interino Adolfo de la Huerta, Estados Unidos se reservó su reconocimiento porque los mexicanos se negaron a firmar un acuerdo previo sobre los asuntos de interés para los dos países. De la Huerta empeoró la situación al confirmar los derechos de su gobierno al subsuelo de las “zonas federales”, los terrenos de las costas de los ríos, de los lagos y otras zonas acuíferas.
Al reclamar la propiedad inalienable de estas tierras, el gobierno mexicano comenzó a otorgar permisos de perforación a extranjeros ajenos a quienes reclamaban los derechos de las tierras en cuestión, ya que no había interesados mexicanos que contaran con el capital necesario para participar.
Cuando Obregón llegó a la Presidencia, en enero de 1921, anunció de inmediato que los permisos de perforación se otorgarían sólo a aquellos individuos y compañías que hubiesen cumplido con la exigencia de Carranza en cuanto a la solicitud de concesiones gubernamentales. Los petroleros de inmediato entendieron que Obregón sería tan radical sobre el tema como lo fue Carranza, a pesar de que públicamente declaraba lo contrario.3
Pronto se inició la lucha. En mayo y junio de 1921 Obregón decretó el establecimiento de dos impuestos, el primero sobre el valor agregado a la producción de 10% sobre los precios estadounidenses (no sobre el precio de la materia prima), y el segundo un gravamen sobre la exportación. El segundo era tanto un documento político como un decreto sobre el impuesto, ya que Obregón enfatizaba la importancia del petróleo mexicano en el mercado, los problemas ambientales que ocasionaba su explotación, algunos temas de conservación, y la relación entre el petróleo y el desarrollo mexicano e internacional.4
Como represalia, el 1º de julio de 1921 la mayoría de los miembros de la poderosa agrupación estadounidense Asociación de Productores de Petróleo en México (APPM) suspendió los envíos de petróleo, como protesta ante los nuevos impuestos "confiscatorios". 5 Sin embargo a las compañías les fue imposible conservar un frente unido, y ni siquiera lo lograron algunas pertenecientes a la APPM. Antes de siete semanas, frente a la posibilidad de no poder cumplir sus contratos de largo plazo, los petroleros reunieron en una delegación a los presidentes de las cinco compañías más importantes.
Este grupo negociador, compuesto por Walter Teagle, de Standard Oil de New Jersey; Edward L. Doheny, de Mexican Petroleum; J.W. Van Dyke, de Atlantic Refining; Harry Sinclair, de Sinclair Consolidated Oil; y Amos Beaty, de Texas Company, se trasladó a México para reunirse con Obregón y con su entonces secretario de finanzas, De la Huerta.
A ambas partes les interesaba llegar a un acuerdo y lo lograron bastante rápido: el impuesto a la producción continuaría, pero sólo sobre los campos futuros. La cuestión de las rentas y regalías sobre las propiedades no se resolvió, ya que De la Huerta insistió en que era asunto de la Corte. El cambio principal fue en el impuesto a la exportación, que se pagaría con el canje que haría el gobierno mexicano de los bonos pendientes a valor nominal, aunque su costo en ese momento era sólo de 40 a 50% de la cantidad original.
De esta manera los impuestos reales se reducirían 50% o más.6 El asunto de la retroactividad fue dejado para una fecha posterior. Las compañías dieron instrucciones a sus directivos de reanudar operaciones e iniciar los pagos del impuesto a la producción. Los problemas respecto al impuesto de exportación persistieron, dado que el acuerdo era menos satisfactorio para los banqueros extranjeros que para los petroleros, sin embargo se logró evitar una crisis. Los conflictos entre banqueros y petroleros continuaron debido a que tenían prioridades diferentes y, finalmente, resultaron benéficos para los mexicanos. El acuerdo de los bonos nunca se puso en marcha.
Las tensiones entre los productores de petróleo y el gobierno de Obregón también persistieron. Una disputa ilustra de manera especial la lucha continua entre la administración de Obregón y las grandes compañías petroleras, entre ellas la Doheny’s Mexican Petroleum. La Hacienda de Juan Felipe, una parcela de 7 500 hectáreas ubicada en el estado de Veracruz en la llamada Faja de Oro, era uno de los últimos campos sin explotar de esta región altamente productiva.
La competencia era intensa, ya que se hallaba junto al campo de Cerro Azul que había producido grandes cantidades de crudo de alto grado para Mexican Petroleum y su subsidiaria Huasteca. Por entonces muchos campos productores mexicanos cercanos al golfo estaban empezando a dañarse por la invasión de aguas saladas. Juan Felipe estaba bastante lejos de la costa y se pensaba que era menos vulnerable. Para complicar más la cuestión, estaba en un estado conocido como condueñazgo, una suerte de copropiedad de diversas partes.
La situación legal era confusa y por lo tanto la disposición de los derechos de perforación yacía en el terreno de lo político. La disputa correspondiente cayó directamente en manos de la administración de Obregón, ansiosa de encontrar apoyo para presionar a las compañías grandes. Doheny creyó que tenía un acuerdo que aseguraba el derecho exclusivo de Huasteca para perforar en esa propiedad, sin embargo muchas otras compañías estaban también interesadas en obtener tales derechos, incluyendo a algunas más pequeñas y a dos de las cinco grandes.
El mismo Obregón parecía estar a favor de la asignación de por lo menos una parte de los derechos a Joseph Guffey, director de Atlantic Gulf y West Indies Company, que se había mostrado mucho más tolerante de las leyes mexicanas que Doheny y Huasteca. Guffey había compartido sus ideas sobre la conservación con Obregón, para quien el tema era una prioridad debido al ya enorme daño de los campos de la costa del Golfo. Guffey y AGWI estaban tratando de obtener la autorización para perforar en un terreno situado dentro de Juan Felipe, supuestamente propiedad de un tal Francisco V. Cárdenas.
Cuando Guffey empezó a tener problemas con la burocracia mexicana, a finales de marzo de 1922, Obregón intervino en el caso y rápidamente se decidió permitirle que procediera con la perforación.7
De inmediato Doheny se trasladó a México acompañado por un grupo de abogados y funcionarios de sus compañías petroleras. En una entrevista que concedió el 2 de abril de 1922 al periódico mexicano Excélsior destacó el importante papel que él había desempeñado para llegar a un acuerdo sobre los impuestos de exportación unos meses antes, e indicó que la cantidad total que habían pagado sus compañías en un periodo de seis meses llegaba a 12 millones de pesos mexicanos.
También declaró que pensaba formar, junto con otras compañías petroleras mexicanas que operaban en México, un fideicomiso que gastaría millones de dólares en la exploración de las propiedades de las costas del Golfo que aún no estaban produciendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario