miércoles, 15 de septiembre de 2010

México y Estados Unidos en la lucha por el petróleo 5

Un segundo punto enfatizaba que "muchos países han reconocido al Gobierno Mexicano, sin las exigencias de un tratado", lo que hacía parecer "extraña" la actitud de Estados Unidos. Aún más, muchos otros gobiernos que habían adoptado principios constitucionales y legislaciones más radicales habían establecido relaciones con Estados Unidos, inclusive el ex presidente Venustiano Carranza, en cuya administración ya estaba establecida la Constitución de 1917.

Por lo general, de acuerdo con el memorandum mexicano, Estados Unidos por principio había reconocido a los gobiernos establecidos, incluso cuando tal reconocimiento sólo fuera de facto. Por lo que se refiere a un tratado anterior al reconocimiento, los negociadores tuvieron que recordar que el propio Estados Unidos se había negado a negociar con los chinos antes de intercambiar secretarios en 1891 cuando ese gobierno insistió en revocar las Leyes de Exclusión chinas de 1888 antes del intercambio.

Quedaba implícito que, al igual que Estados Unidos había objetado las condiciones precedentes al reconocimiento mutuo, México adoptaba la misma postura por igual razón: que tal arreglo sería "incongruente e inadmisible".

El verdadero núcleo de las objeciones venía casi al final del "memo": al darse garantías especiales para los ciudadanos de Estados Unidos se requeriría lo mismo para otros extranjeros y se "podría establecer un régimen privilegiado (sic) a favor de los extranjeros".

Por lo tanto, México tendría entonces que preocuparse por "una agrupación completamente independiente de la sociedad en que viven". En todo el documento queda claro que les interesaba el hecho de que Estados Unidos estuviera tratando de ejercer su poder para declarar el mismo tipo de protectorado informal sobre México que el que ejercía sobre Cuba, y que ese estatus o cualquier cosa que se le pareciera sería rechazado enérgicamente.

El segundo de estos "memos" políticos, relativo a la política estadounidense respecto a la protección de los extranjeros en México, también estaba enmarcado en torno al asunto de la soberanía. Reiteraba la Doctrina Calvo, que establecía que los ciudadanos extranjeros que estuvieran en México debían someterse a las leyes de la nación mexicana.

Presentaba una vigorosa oposición a las constantes demandas del gobierno estadounidense en cuanto al establecimiento de instancias legales (cortes) especiales para manejar las solicitudes de indemnización de los ciudadanos estadounidenses sin antes agotar los recursos legales existentes.

Después la discusión pasaba específicamente a las cuestiones de la tierra. A pesar de que en Estados Unidos siempre se había reconocido que las ventas de tierras se regían por las leyes del gobierno que tuviera jurisdicción sobre el territorio en cuestión, los estadounidenses se quejaban constantemente de que "se ha privado a sus conciudadanos de sus propiedades, sin el debido procedimiento de ley, sin indemnización y sin respeto al derecho de propiedad". Este problema incluso se había dado en sus tratos en torno a tierras de los territorios conquistados de Nuevo México y California, donde habían insistido en la mediación de comisiones especiales, más que de cortes comunes. Continuaba enfatizando que en el pasado el gobierno estadounidense había abrogado los derechos de propiedad sin compensación alguna en varios casos, entre ellos en los de la abolición y prohibición de la esclavitud. En una nota un tanto ominosa agregaba que aunque el gobierno de Estados Unidos siempre había insistido en la inviolabilidad de los contratos sancionados por el gobierno mexicano, el gobierno mexicano actual no podía aceptar tal posición, ya que respecto a algunos contratos bien pudiera existir una "causa de nulidad absolutamente legítima".

La "Nota sobre el cambio de actitud de los Estados Unidos" mostraba un conocimiento interesante de la política de ese país. El escritor de la nota admitía que sus conclusiones eran tentativas, de ahí que sugiriera varias posibilidades. En primer término, especulaba, la administración de Harding había gozado de un periodo de paz y quizá deseara sostenerlo hasta finalizar su gestión. Aún más, los republicanos estaban preocupados por que se les echara en cara su incapacidad para resolver el asunto mexicano. Otro factor puede haber sido que los cambios que se estaban dando en el sistema mexicano eran relativamente modestos, aunque "os capitalistas de los Estados Unidos" no querían ningún cambio.

Otros países latinoamericanos también empezaban a objetar los intentos de la administración estadounidense de establecer una suerte de "veto" sobre sus acciones y gobiernos. Estas preocupaciones habían conducido a un cierto "ambiente de impopularidad" en las recientes reuniones hemisféricas celebradas en Santiago de Chile. Sin embargo quien escribió el "memo" omitió un factor importante: que hubiera salido del gobierno de EU el desacreditado Albert Fall, el mejor amigo de los grandes intereses petroleros, quien había insistido siempre en que se deberían respetar los derechos adquiridos en México.

Hacia el final de los memoranda se ofrecían dos explicaciones acerca de la desconfianza que los mexicanos sentían por Estados Unidos y las presiones que según su parecer pesaban sobre ellos. El número 10 mencionaba las razones de la falta de confianza mexicana respecto a Estados Unidos; el 11 era un fuerte argumento que diferenciaba al gobierno mexicano del bolchevismo de la Unión Soviética.

Se había vuelto común en Estados Unidos que los conservadores acusaran al gobierno mexicano de ser una amenaza bolchevique cerca de casa; sobre este punto los representantes mexicanos aseguraron que el bolchevismo era un sistema particular que no se había implantado en México; que en México la política agraria era de "subdivisión y no nacionalización"; que la industria rusa había sido nacionalizada, algo que no había ocurrido en México; que la Constitución mexicana contenía muchos conceptos, empezando por los Derechos del Hombre, que enfatizaban el "carácter individualista de las instituciones", lo que difería totalmente de un sistema comunista; que el sistema soviético había establecido un gobierno de una sola clase, donde los miembros de esa clase eran los únicos votantes, mientras que entre los mexicanos no había ocurrido nada semejante; que el comercio no se había limitado y de ninguna manera estaba bajo el control del Estado; que México conservaba su libertad de prensa; que en México no había sindicatos de trabajadores que interfirieran en el manejo de las fábricas; que México no tenía consejos ni parlamentos económicos, como se habían establecido en Rusia y, con un tono casi conmovedor: "Nosotros tenemos un sistema electoral y de gobierno calcado de los Estados Unidos, y la Rusia ha abolido por completo todo sistema de gobierno congresional para substituirlo por el sistema de representación (sic) de los soviéticos".

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